Los magistrados de la Sala Tercera se abstuvieron, la mañana de este viernes, de hablar sobre su decisión de desestimar una causa en contra de los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, por supuesto tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Bolaños, tal como se lo solicitó la Fiscalía General.
Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestó ante los diputados de la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios del Congreso que una denuncia penal interpuesta por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) les impide referirse al asunto en ese foro.
"No hubiéramos querido eso, pero la denuncia penal así nos lo indica y, por lo tanto, estamos inhibidos", manifestó Chinchillla, quien, sin embargo, ofreció a los legisladores aclarar cualquier duda general sobre los procedimientos que se realizan en la Sala de Casación Penal.
El jerarca judicial acudió a la audiencia en compañía de sus colegas Doris Arias, presidenta de la Sala Tercera, Jesús Ramírez y María Elena Gómez.
Chinchilla alegó que no es obligación de los altos jueces aceptar una petición de la Fiscalía ni la resolución que promueve el magistrado instructor de una causa.
Sostuvo que la práctica normal es que cada miembro analice el caso antes de emitir un criterio. "Todos somos independientes", aseveró.
En octubre pasado, el presidente de la Corte solicitó al Tribunal de la Inspección Judicial investigar si el Ministerio Público indujo a error a los magistrados de la Sala Tercera, al solicitarles la desestimación de una causa contra el diputado independiente Víctor Morales Zapata y el libertario Otto Guevara.
Dicha sala desestimó el caso el pasado 20 de febrero, con base en una gestión de la Fiscalía, la cual indicó que no halló prueba de que los dos congresistas se aliaran para procurar que el Gobierno reformara el reglamento que limitaba la entrada de cemento extranjero y, así, favorecer al importador Juan Carlos Bolaños.
En el documento que envió a los magistrados, la fiscala subrogante Berenice Smith declaró que incluso no se pudo comprobar llamadas telefónicas entre Morales y Guevara con Bolaños.
Sin embargo, este 2 de octubre, Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la desmintió al decir que "la relación telefónica sí existió".
Para ello, hizo un recuento de 792 llamadas que hubo entre los tres entre el 1.° de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015.
Este viernes, la diputada liberacionista Sandra Piszk consultó a los magistrados de la Sala III si era común que se aceptaran las desestimaciones solicitadas por Smith.
Al respecto, Chinchilla contestó que durante los 10 años que estuvo en la Sala Tercera prácticamente se aceptaron todas las solicitudes de desestimación y que solo se cuestionaron dos casos por falta de fundamentación. "Si hay algún problema, se hace la corrección", aseveró.
Posteriormente, el legislador verdiblanco Julio Rojas cuestionó si el hecho de que falta información en la solicitud de desestimación que planteó la Fiscalía no es una falta grave que amerite el despido. Al respecto, el magistrado Jesús Ramírez respondió escuétamente que habría que analizarlo.
Luego tocó el turno a la diputada frenteamplista Patricia Mora, quien consideró que solo hay tres opciones de calificar la actuación de los magistrados en este caso. “Ustedes actuaron de forma incompetente, se les ocultó información adrede para inducirlos a error o ustedes pasaron por alto información para tomar la resolución".
Ante tal aseveración, tanto Chinchilla como Ramírez declinaron referirse. Entre tanto, Doris Arias sostuvo que la pregunta de Mora es capciosa y sugestiva pero que, a la luz del Código Penal, también se abstenía de declarar.
Desestimaron en un minuto
El diputado socialcristiano Rafael Ortiz, quien sustituyó a William Alvarado este viernes, criticó duramente a los altos jueces por haber tomado la decisión final de desestimar la causa en un minuto.
En las actas de las votaciones de la Sala Tercera correspondientes al 20 de febrero del 2017, consta que se votaron varios recursos de casación y la solicitud de desestimación propuesta por la Fiscalía General, entre las 11:15 a. m. y las 11:25 a. m.
Ortiz cuestionó que una solicitud de ese tipo, de tanto foliaje, contra los legisladores Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, se votara en un minuto, a las 11:24 a. m.
Sin embargo, ante tal cuestionamiento, Carlos Chinchilla y Jesús Ramírez manifestaron que el tema se estudia a profundidad, cada magistrado a su manera, con independencia, y durante la sesión de la Sala Tercera solo se vota.
Ortiz le preguntó directamente a Chinchilla cuánto tiempo duró en discusión la desestimación, pero el presidente de la Corte le explicó que, por lo general, eso está prácticamente debatido, que ya se conoce bastante y que a esa hora, solo se vota.
Antecedentes
La comisión legislativa investiga dos polémicos financiamientos otorgados por el BCR.
La forma como dicho financiamiento fue concedido es investigada por la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y ha propiciado sendos informes internos del Banco con señalamientos técnicos.
Los diputados pretenden determinar si Bolaños recurrió al tráfico de influencias para que altos funcionarios públicos gestionaran la eliminación de trabas legales que impedían la importación de cemento al país, así como préstamos para financiar dicha operación.
El segundo caso tiene que ver con un crédito por $32,7 millones que el BCR otorgó, en el 2014, a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) para que le comprara la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas a la empresa cementera Holcim.
Dicha represa, cuya producción de energía cayó a partir del 2016, estaba valorada en en $12 millones por el propietario al momento de la venta.
Sin embargo, el Comité de Crédito del BCR admitió en el Congreso que no indagó el valor de la planta cuando aprobó el préstamo.
La Fiscalía, por su parte, confirmó que investiga una denuncia sobre un posible tráfico de influencias con respecto a este crédito. La operación se avaló en momentos en que Alberto Raven, directivo del BCR, fungía también como fiscal de la cementera Holcim.