El magistrado electoral nicaragüense Roberto Rivas Reyes, a quien el Gobierno de Estados Unidos sancionó acusándolo de cometer fraude electoral y de amasar una considerable riqueza en su país, tiene un historial de propiedades en Costa Rica.
Rivas, jerarca del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), es el presidente de una sociedad anónima que, según informó La Nación en el 2009, era dueña de cuatro casas en el condominio de lujo Villa Real, en Santa Ana, donde residían tres hijos de sus hijos y dos hijos del presidente Daniel Ortega.
Las cuatro residencias medían 2.441 metros cuadrados y estaban en una propiedad de 3.514 metros cuadrados.
Según el Registro Público, dicha sociedad posee otro lote de más de 1.500 metros cuadrados en el mismo condominio “con una casa de una planta en proceso de construcción”
No obstante, esta firma, de nombre Chibilu del Oeste S. A., está morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas, de acuerdo con datos del mismo Registro.
En el 2009, además, el Gobierno costarricense cuestionó a Rivas por disponer en San José de dos vehículos de lujo que fueron exonerados de impuestos, por tener placa diplomática de la Embajada de Nicaragua, a pesar de que no él no era miembro de la legación.
Se trataba de un BMW M3 y un Mercedes Benz S500, ambos modelo 2009, que fueron exonerados por ¢52,5 millones en impuestos, según un cálculo del Ministerio de Hacienda en aquel entonces.
El pasado 21 de diciembre, el gobierno norteamericano congeló los bienes de Roberto Rivas en Estados Unidos y le prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones comerciales o financieras con él.
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El alto funcionario nicaragüense figura entre las 13 personas que fueron sancionadas ese día al amparo de la Ley Magnitsky, que condena a quien sea señalado por corrupción o por violar los derechos humanos en cualquier parte del mundo.
Según dice un comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU., la prensa de Nicaragua acusa al presidente del Consejo Supremo Electoral –quien devenga $60.000 anuales de salario– de acumular una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate.
"Rivas ha sido descrito por un Contralor General de Nicaragua como 'por encima de la ley', y las investigaciones sobre su corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense. También ha perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua", agrega el texto.
En Latinoamerica también fueron sancionados el legislador guatemalteco Julio Antonio Juárez Ramírez, y el empresario dominicano Ángel Rondón Rijo.
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Un asiduo visitante
Según consta en los registros de Migración y Extranjería, Roberto Rivas Reyes es un asiduo visitante de nuestro país.
En poco más de dos años, entre mayo del 2015 y julio del 2017, el magistrado reporta 60 entradas o salidas de territorio costarricense.
La Nación consultó este viernes si el funcionario nicaragüense ha utilizado en los últimos días el Salón Diplomático del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, pero al cierre de esta publicación la consulta seguía en trámite en la Cancillería.
En las residencias de Santa Ana, vivieron Maurice y Laureano Ortega Murillo, hijos del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, quienes estudiaban Cine en la Universidad Véritas, en Zapote.
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Críticas y silencio en Nicaragua
La sanción impuesta por el gobierno norteamericano, en contra del magistrado Rivas, desató un polvorín de críticas de la oposición nica, pero el gobierno comandado por Daniel Ortega se mantuvo en silencio.
El diario La Prensa, por ejemplo, entrevistó al vicepresidente del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), Oscar Sobalvarro.
Este último declaró que la sanción a Rivas muestra la necesidad de cambiar a todos los funcionarios de la administración pública, porque no cree que Rivas sea el único acusado de corrupción. Sin embargo, Sobalvarro explicó que el magistrado electoral en particular no ha podido ocultar el enriquecimiento que ha tenido.
Por su parte, Violeta Granera, coordinadora del Frente Amplio por la Democracia (FAD), "una organización política opositora que constantemente recuerda los fraudes electorales cometidos durante la presidencia de Rivas en el CSE, manifestó que esta sanción demuestra que las denuncias de corrupción que se han hecho contra Rivas a nivel nacional son ciertas", agrega La Prensa.
En cambio, en una publicación del pasado 23 de diciembre, ese mismo matutino evidenció que la administración de Daniel Ortega "calla" ante la sanción impuesta a su magistrado.
Por ejemplo, indican que la vocera del gobierno, la vicepresidenta, Rosario Murillo, no se refirió ese día en su alocución del mediodía al caso Rivas.
“No saben cómo reaccionar porque no se esperaban que fuera tan pronto y tan contundente la medida de Estados Unidos, y temen que cualquier cosa que digan pueda ser contraproducente para el gobierno mismo”, expresó el general retirado Hugo Torres, quien es vicepresidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).