El magistrado Fernando Castillo, presidente de la Sala IV, afirmó que este tribunal no ignora la situación económica por la que pasa el país, en la que pesa el empeoramiento de las finanzas públicas.
“La Sala no soslaya que efectivamente estamos en una crisis económica y no en una crisis cualquiera, sino una crisis que ronda el 7% del PIB”, dijo Castillo, luego de anunciar que el trámite de la reforma fiscal fue avalado por unanimidad de los magistrados constitucionales.
"Además, esa crisis está documentada con estudios técnicos a los que la Sala les da credibilidad, que establecen la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Instituto de Ciencia Económicas de la UCR”, dijo el alto juez, quien insistió en que se trata de documentos “científicos de instituciones independientes con un grado de credibilidad y seriedad”.
“Es decir, la Sala entiende, con base en esos estudios, que este país sufre una crisis severa de las finanzas públicas del Gobierno Central (...). La Sala entiende que hay documentos importantes para determinar que estamos en una crisis y no una crisis liviana, sino de dimensiones importantes”, continuó.
Al consultársele si pesó o no la conflictividad social, afirmó que la Sala hizo un balance entre el Estado Social de Derecho, de tipo prestacional y la necesidad de darle sostenibilidad financiera al Estado.
“Es decir, que exista un respeto al principio de equilibrio financiero, que establece que debe existir una relación lógica entre los gastos que tiene el Estado y los ingresos”.