El mandatario Luis Guillermo Solís vetará parcialmente la ley que recorta el monto de la jubilación de los exdiputados, pues teme que esa normativa, a su vez, abra un portillo para que los actuales jerarcas públicos accedan a pensiones de lujo que estaban derogadas desde hace 24 años.
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Así lo reconoció, este lunes, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, quien dijo que Solís optará por esa vía, pues es la más eficaz para enmendar el error que cometieron los diputados.
"Pese a que existen varias posibilidades para solucionar el tema, la que otorga mayor seguridad es el veto", expresó Mora.
Casa Presidencial interpreta que esta ley reviviría el antiguo régimen de pensiones del Ministerio de Hacienda (Ley N.° 148), porque en ella se transcribió íntegramente uno de los artículos anulados, para hacerle cambios, y con ello, se habría resucitado toda la ley.
De entrar en vigencia la normativa tal y como se aprobó por unanimidad de la Asamblea Legislativa, el 17 de diciembre anterior, los actuales diputados, ministros, viceministros y funcionarios de la Asamblea Legislativa, de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda se podrían pensionar a los 50 años (en vez de a los 65). Algunos lo podrían hacer incluso con solo haber trabajado diez años en el sector público.
Además, el monto de la jubilación para los legisladores sería igual al salario que devengan en la actualidad, el cual ronda los ¢3,7 millones, aunque la reforma pretendía bajar las viejas pensiones a ¢2,5 millones.
La decisión de vetar parcialmente esta ley se tomó la mañana de este lunes, tras una reunión en Casa Presidencial entre el viceministro Mora, el director jurídico de la Presidencia, Marvin Carvajal; una asesora de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sandra Piszk, quien fue la proponente de la reforma, y representantes de la Superintendencia de Pensiones (Supen), del Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Pensiones.
Opciones desechadas. Si bien inicialmente se contemplaba la posibilidad de corregir el asunto con otro proyecto de ley que dejara sin efecto el polémico artículo, al final esa opción se desechó.
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Según Mora, eso habría implicado que, por algunas horas, la ley en cuestión entrara en vigencia, pues eventualmente hubiese existido un lapso de tiempo entre la publicación de una y otra en el diario oficial La Gaceta.
"Por ejemplo, si se publica hoy el proyecto así como está y se corrige en uno posterior que se publica en un alcalce de La Gaceta de ese mismo día, las solicitudes de pensión que lleguen ese día, eventualmente por unas horas podrían acogerse al viejo régimen. Podríamos dejar ese portillo abierto. En cambio con la solución del veto, el régimen nunca estaría funcionando, desde el principio se estaría parando el asunto", explicó Mora.
"Las interpretaciones, ya sea de la Procuraduría (General de la República), de la Supen, de la Dirrección de Pensiones o de la Dirección Jurídica de Trabajo, si bien darían una solución, eso no impediría que los Tribunales posteriormente digan lo contrario. Lo que queremos hacer es el mínimo aspaviento posible, sin dejar de lado los temas de seguridad jurídica", agregó Mora.
El veto está siendo redactado por Carvajal, en coordinación con Piszk, la Supen, la Dirección de Pensiones y Trabajo. El mandatario Solís tiene diez días para aplicarlo, una vez que el Directorio Legislativo le comunique oficialmente la aprobación en segundo debate de la ley, lo cual podría ocurrir esta semana.
"Todavía queda pendiente la redacción que hará don Marvin, esa es parte de la noticia que no tenemos, la forma en como se va a redactar (...). Aunque se dejará claro que se comulga con la intención del proyecto, pero que se propone una forma distinta de implementar sus objetivos en lo que toca al artículo 1", añadió el viceministro.
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Con el veto, Solís dejaría sin efecto la parte que revive la posibilidad de pensionarse a los 50 años, pero mantendrá en vigor la parte que elimina el alza anual de un 30% en el monto de la jubilación de los exlegisladores, para que se ajustara según los aumentos salariales del sector público.
También dejaría vigente la reducción a ¢2,5 millones en las pensiones de 166 exdiputados o sus herederos, quienes devengan hasta ¢7,1 millones, así como el tope a las alzas anuales. Solo ese ajuste le ahorraría ¢7.700 millones anuales al Gobierno.
Procedimiento. Una vez que Luis Guillermo Solís firme el veto, debe ser acogido o rechazado por los diputados.
Inicialmente se enviará a la Comisión legislativa de Asuntos Sociales, donde se definirá el mecanismo para atender las observaciones del mandatario, que en este caso serán de conveniencia y no de constitucionalidad.
Posteriormente, irá al Plenario, donde los diputados por mayoría simple pueden acoger la recomendación presidencial o rechazarla. Para este último caso se necesitan 38 votos a fin de resellar la iniciativa, es decir, omitir el veto y dejar la ley tal y como se aprobó desde un inicio.
Sin intención. La diputada Sandra Piszk defiende el contenido de la ley, el cual presentó a la corriente legislativa en junio del 2014. La liberacionista insiste en que tal y como se aprobó en segundo debate no se revive ningún régimen, pero que ante las dudas, lo mejor es alcanzar un consenso.
Piszk no descartó que antes de que Solís presente el veto, impulse la aprobación de otro proyecto de ley que deje sin efecto el artículo en cuestión.
Además cuestionó que hasta ahora Casa Presidencial haga las observaciones, ya que tanto el Ministerio de Hacienda como el de Trabajo avalaron el texto, el año pasado, sin ninguna objeción.
"El espíritu de la ley es eliminar el 30% y no revivir absolutamente ningún régimen nuevo. Cuando nosotros desarrollamos ese asunto, Trabajo y Hacienda dijeron que la ley estaba bien, no es que nosotros nos equivocamos, es que en el momento que se aprobó todos coincidimos en que esa parte de la ley estaba derogada. Ahora yo sigo pensando así, pero hoy en la reunión la mitad pensaba de una manera y la otra mitad de otra. Visto así, nuestro criterio es que el asunto se debe resolver, por la vía que sea. Hay criterios encontrados y nosotros optaremos por la solución necesaria para resolver el asunto y que no quede ningún portillo abierto", afirmó la legisladora.