El presidente Luis Guillermo Solís firmó ayer un decreto con el que pretende reglamentar las huelgas ilegales en los servicios públicos esenciales, pese a la prohibición de los paros establecida en el Código de Trabajo, vigente desde 1943.
La resolución del Ejecutivo delimita los servicios públicos a que se refiere el artículo 375 del Código de Trabajo, así como la forma en que las instituciones procederán cuando se entable un conflicto con empleados.
Según la directriz presidencial, son esenciales los servicios “cuya paralización ponga en peligro los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública, el transporte, mientras el viaje no termine, la carga y descarga en muelles y atracaderos, cuando se trate de los bienes de los cuales dependa, directamente, la vida o la salud de las personas”.
Actualmente, la legislación establece que todos los paros en servicios esenciales deben ir a “conocimiento y resolución de los Tribunales de Trabajo”.
No obstante, el decreto permite, primero, el uso de los instrumentos establecidos en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos o la solicitud de mediación del Ministerio de Trabajo.
Con la decisión, el Poder Ejecutivo también pretende obligar a la contratación de “rompehuelgas”, o sea, el personal que haga las labores de los huelguistas, con tal de asegurar la continuidad en un servicio público.
A pesar de lo anunciado el viernes pasado por Solís, al levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral, el decreto no se refiere a esa ley, sino al Código de Trabajo.
Poca duración. Según el ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, si los diputados no enmiendan la Reforma Procesal Laboral durante los 18 meses que anteceden a su entrada en vigencia, el decreto quedará obsoleto.
El jerarca comentó que la directriz presidencial tendrá vigencia inmediata, a partir de su publicación en La Gaceta .
En el Congreso, las primeras reacciones de partidos de la oposición fueron de extrañeza ante la decisión de Solís.
Para Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana, el decreto de Solís es un “ornitorrinco jurídico” que pretende reglamentar huelgas, que ya están prohibidas por ley.
La liberacionista Lorelly Trejos criticó la decisión del mandatario de levantar el veto a la reforma laboral, para decir luego que se opone a las huelgas en servicios esenciales y, además, reglamentar ese tipo de paros mediante un decreto, que como norma jurídica es inferior a la ley.
Para el ministro Morales, la directriz presidencial coincide, en mucho, con el acuerdo inicial entre el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana (PAC) para enmendar la Reforma Procesal Laboral antes de su entrada en vigencia, en junio del 2016.
Morales aseguró que incluso la Unidad Social Cristiana está cerca de ese acuerdo.
El jefe de la fracción de la Unidad, Rafael Ortiz, explicó que ellos impulsan la vía rápida a esa reforma, pero dijo que no están de acuerdo con la redacción actual de la enmienda propuesta.