Con los recortes al Presupuesto de la República 2015 ya aprobados en la Comisión de Hacendarios del Congreso y ante la impotencia del Gobierno para impedir la reducción en ¢97.000 millones a sus gastos, el presidente Luis Guillermo Solís hizo un reclamo público en cadena de televisión.
Anoche, en un mensaje a la opinión pública, el mandatario aseguró que “las medidas de choque” que implican estos recortes, podrían conducir al Estado a sufrir problemas peores que el déficit fiscal que arrastra el país.
Según el gobernante, la decisión de cercenar varias partidas al plan de gastos de su administración generaría un deterioro en servicios públicos esenciales, “que conduzcan a retrocesos en salud, educación o seguridad”.
Solís enfatizó que, si bien el déficit fiscal es uno de los mayores desafíos que enfrenta, no cree que sea el más importante por resolver durante su gestión.
Para este 2014 se prevé que el déficit (diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales) cierre en un 6% del producto interno bruto (PIB), mientras que el Presupuesto 2015 prevé un déficit del 6,7% a finales de año.
En setiembre, la calificadora de riesgo Moody’s degradó la calificación de los bonos soberanos de Costa Rica a causa de la incapacidad del país para resolver su situación financiera.
Al salir de la lista de naciones consideradas como de más alta capacidad de pago, los actores públicos y privados se verán castigados con la imposición de mayores tasas de interés en el mercado.
Sin embargo, el presidente estima que no se deben aplicar soluciones atropelladas con “recortes abruptos” al plan de gastos.
Ya desde el viernes, en la inauguración de la mesa de diálogo con organizaciones sociales, Solís aseguró que dará la lucha para revertir los recortes en los montos asignados de los ministerios.
A plenario. La Comisión de Hacendarios, presidida por el diputado oficialista Ottón Solís, aprobó el jueves pasado el proyecto del 2015 con todo y recortes.
La iniciativa ahora pasará para su discusión en el plenario del Congreso, a partir del 1.º de noviembre, tal como lo establece el Reglamento legislativo.
En su versión original, el plan de gastos del Gobierno pedía la autorización para erogaciones por un monto total de ¢7,9 billones.
Entre los recortes aprobados por los legisladores, se disminuyeron ¢16.400 millones al Ministerio de Hacienda, ¢13.000 millones al de Educación Pública, ¢10.000 millones al de Obras Públicas y Transportes, ¢8.500 millones al de Salud, ¢5.000 millones a Justicia y ¢2.000 millones al de Seguridad Pública.
El enfoque de los congresistas estuvo en rebajar fondos de viáticos, viajes, alimentación, bebidas, consultorías y transferencias.
Una vez iniciado su trámite en el plenario, la Constitución ordena que el proyecto del Presupuesto esté aprobado antes del 30 de noviembre. Por eso, esa será la última oportunidad para revertir los recortes.
Mientras el diputado Solís afirmó que nueve legisladores de la Comisión de Hacendarios firmarán el informe final de ese foro, congresistas del Frente Amplio (FA) llamaron a los empleados públicos y al sector cultura a manifestarse en contra de reducir montos, idea acogida por varios sindicatos, que hoy tenían programada una protesta.
Gerardo Vargas, jefe del FA, dijo que no apoyan rebajas al estimar que afectan áreas sensibles, entre esas, las remuneraciones.