Alajuela
El presidente Luis Guillermo Solís alegó este martes que cerrar Bancrédito no es una opción, pues esa decisión le costaría al país el equivalente a más del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, al menos ¢621.000 millones.
Con ese argumento defendió el mandatario la directriz que firmó el 7 de abril, para ordenar a la banca estatal, a las empresas públicas e instituciones autónomas que inviertan recursos en ese banco, con el objetivo de rescatarlo y fortalecerlo.
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"Hemos girado una directriz para que se mantengan los depósitos en ese banco porque creemos que, con las reformas profundas que requiere y que son posibles, podemos mantenerlo en funcionamiento", expresó Solís.
Y añadió: "Hemos asumido con toda responsabilidad la tarea de rescatar el banco. Se dice fácil 'cerrar el banco'. Eso tiene un costo para el erario público inmenso, más de dos puntos del PIB, según me dicen los expertos. Y ese es un tema que no quiero que enturbie la economía costarricense, que va muy bien. Podemos hacer el rescate. Me parece que el rescate procede".
Las proyección del mandatario coincide con los pasivos con que Bancrédito cerró el 2016. Para ese entonces, las responsabilidades del banco con sus clientes sumaban ¢684.000 millones. Ese monto significa un 2,2 del PIB.
Esa suma es el dinero que los clientes tienen en cuentas de ahorro o invertido en certificados de cesión a plazo, entre otros instrumentos financieros.
Para Solís, claudicar en el rescate de Bancrédito sería una irresponsabilidad. Así lo expresó la mañana de este martes, desde Alajuela, donde participó en varios actos conmemorativos a la batalla de Rivas del 11 de abril de 1856.
La directriz que giró el gobernante hace cuatro días ordena a los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) que el dinero invertido en Bancrédito continúe allí en condiciones similares al plazo, instrumento y tasa de interés. La orden también aplica para las subsidiarias de ambas instituciones.
La orden presidencial también obliga al Instituto Nacional de Seguros (INS), a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) a mantener sus inversiones en el Banco Crédito hasta el 31 de diciembre de este año.
El mandato además se aplica al resto de empresas públicas e instituciones autónomas, al tiempo que se le instó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a adoptar la misma disposición del decreto ejecutivo.
Colaboró con esta información la periodista Natasha Cambronero