Por primera vez, en los 200 años de vida independiente del país, dos mujeres lograron presidir la Asamblea Legislativa en un mismo periodo constitucional de cuatro años.
El paso histórico se concretó, este 1°. de mayo, con la elección de la congresista Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), como presidenta legislativa para el periodo 2021-2022.
En el primer periodo de este Congreso, del 2018 al 2019, la diputada Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), también ejerció el cargo de presidenta.
La elección de estas dos mujeres son reflejo de la lucha por la equidad de género que cada día gana más terreno.
Cuando Carolina Hidalgo asumió el cargo, el país había pasado 18 años sin tener a una mujer en la presidencia del primer poder de la República. Ahora, el intervalo fue de solo dos años.
De hecho, en 200 años, solo cuatro mujeres han ocupado este cargo.
También lo hicieron Rina Contreras, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), entre el 2000 y el 2001, y la política que abrió el camino: la liberacionista Rosemary Karpinski Dodero de 1986 a 1987, hace 35 años.
Esta vez, no solo una mujer ganó de nuevo la presidencia legislativa, sino que las dos candidatas al cargo también eran mujeres, pues la contrincante de Silvia Hernández fue la socialcristiana María Vita Monge.
Para esta elección, nadie se escandalizó como sí ocurrió hace 35 años pues, según narró Rosemary Karpinski en el 2018 a La Nación, la mañana del jueves 1° de mayo de 1986, recibió una llamada al teléfono de su escaño, en la que le aseguraban que habían colocado una bomba como protesta por la elección de una mujer como líder de Congreso.
“La persona al teléfono me dijo que era contra los principios sagrados que una mujer tomara ese cargo (el de presidenta de la Asamblea Legislativa) y, ante la amenaza de bomba, solo había dos alternativas: pedir que la sesión se levantara y llamar a la seguridad del Congreso, o seguir. Entonces fue cuando se me ocurrió que era una falsa alarma y que me estaban poniendo a prueba para ver si esta mujer (se refiere a ella), que aspiraba llegar a ese puesto, aguantaba”, recordó la exdiputada.
En Costa Rica, a las mujeres se les concedió el derecho al voto y se les permitió postularse a cargos de elección popular hace 72 años, con la promulgación de la Constitución Política de 1949.
La emisión del primer voto femenino en Costa Rica se efectuó en un plebiscito de 1950 en La Tigra y La Fortuna.
‘Un hito histórico’
La expresidenta del Congreso, Rina Contreras, expresó a este medio su alegría por los hechos sucedidos este sábado, los cuales catalogó como históricos. Ella confía en que estos cambios impulsen a más mujeres a seguir luchando por estos puestos.
“Me parece un hito histórico después de que hubo que esperar 15 años para la segunda presidenta y 18 años para la tercera; en esta legislatura ya ha habido una conciencia y el consenso de darle nuevamente oportunidad a la mujer de presidir el parlamento.
“Doña Silvia ha demostrado prudencia, negociación, conocimiento, y estoy segura de que le va a ir muy bien en este año tan difícil en donde ya hay juegos políticos alborotados y donde hay proyectos tan importantes que resolver para el país”, dijo Contreras.
“Lo veo importante en dos aspectos: uno, en el que las mujeres se decidan a proponer sus nombres y a luchar por ello; y otro, en que los diputados hombres también le reconozcan su lugar a la mujer, esto es un hecho histórico”, agregó.
Seis mujeres han presidido los supremos poderes
Con la elección de la diputada Hernández como jerarca del Legislativo, en total, la suma de mujeres que han liderado los supremos poderes en la historia patria llega a seis.
En el caso del Poder Ejecutivo, la expresidenta Laura Chinchilla (2010 – 2014), es hasta ahora la única mandataria del país.
Por su parte, la magistrada Zarela Villanueva, fue electa en el año 2013, por un periodo de cinco años, como jerarca del Poder Judicial, siendo la primera mujer en tomar las riendas de la justicia costarricense; antes y después de ella, solo figuras masculinas han ejercido ese cargo.
La actual Asamblea Legislativa cuenta con la mayor participación de diputadas de la historia, con un total de 26 mujeres distribuidas en las diferentes bancadas políticas.
Janet Carrillo, expresidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y defensora de los derechos humanos, asegura que este avance debe ir de la mano con la memoria histórica de la lucha que por décadas se ha realizado y que hoy da frutos.
“Las mujeres que han llegado a la Asamblea Legislativa han jugado un papel importante en la modificación; han sido ellas, estas mujeres, las que presentaron proyectos de ley para modificar el Código Electoral en los distintos momentos históricos.
“Es decir, con sus estrategias, han contribuido a la base de los derechos de las mujeres y, detrás de la oportunidad hoy tiene doña Silvia de dirigir el destino de la Asamblea Legislativa, están muchas mujeres que durante muchas décadas han peleado por el derecho de la participación política”, manifestó Carrillo.
Además, la exjerarca del Inamu (2007-2009) también recalcó los costos que muchas veces tienen las mujeres que se involucran en la política, como es el caso del cuido de niños que, ante la falta de una corresponsabilidad o cuido compartido, genera diversas dificultades.
Sobre ese tema, alerta que muchas veces las mujeres deben posponer o hacer de lado la maternidad para poder alcanzar el éxito en espacios profesionales, generando la caída de la natalidad, cuando lo que debe tratarse es un problema de fondo.
Las dimensiones de la paridad
La integración de las mujeres a los procesos políticos y electorales ha sido cada vez mayor en los últimos años, explicó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), tras un análisis realizado en 2020.
Según ese órgano, la presencia de mujeres en los puestos de elección popular a nivel local y regional, ha ido creciendo a través de los años, “producto de las luchas de las mujeres y de su propio empoderamiento para apoyar los cambios legales y culturales que han sucedido”.
Esto es propiciado en parte gracias a reformas como la del Código Electoral del año 2009, que introdujo el principio de paridad y el mecanismo de la alternancia para la participación política de la mujer.
Tal es el caso de la paridad vertical y horizontal obligatoria en las papeletas, que obliga a alternar hombres y mujeres.
La paridad vertical significa que, por ejemplo, si en total se postulan diez nombres en una papeleta, cinco de ellas tienen que ser mujeres y las otras restantes tienen que ser hombres.
En el caso de la dimensión horizontal, se establece que, si un partido postula papeletas a diputado en siete provincias, cuatro deben ser encabezadas por mujeres y tres por hombres o viceversa, pero no como ocurría antes, que si bien había paridad vertical algunos partidos ponían hombres en todos los primeros lugares de cada provincia.
“Pero ¡ojo!, no nos tenemos que sentar en los laureles, las metas se alcanzan, pero deben también consolidarse y no dejar ningún portillo abierto para retroceder o perder los logros alcanzados”, advierte la publicación.
Según un informe de la organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la participación política de las mujeres en América Latina, países como Costa Rica todavía poseen muchas limitantes.
Sobre este tema, la ONU señala que para lograr una mayor representación femenina en la política se debe de crear un plan integral que las incorpore en todos los niveles.
“Medidas para lograr mayor representación política de las mujeres no van acompañadas de un plan integral multidimensional que implique a todos los niveles territoriales de Gobierno y a todos los poderes del Estado para erradicar los factores estructurales que siguen generando discriminación, estereotipos sexistas y una cultura de sesgo machista, tanto en el ámbito político y público como en toda la sociedad y en todas las dimensiones”, señala el informe.
Asimismo, la ONU reconoce tres ejes que sustentan la incorporación de la paridad en ambientes políticos como el Congreso.
El primero es el logro de la igualdad, el segundo es la obtención de mayor justicia, pues se promueve la ampliación de sectores históricamente marginados; y la tercera es una representación política más diversa, porque busca incorporar temas antes omitidos en el debate legislativo y ausentes en la agenda pública.