El PLN tiene contra la pared al Gobierno de la República, tras exigirle que restituya funcionarios públicos verdiblancos en los puestos que ocupaban antes de esta administración.
De no cumplirse dicha exigencia, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) no permitirá la votación del Segundo Presupuesto Extraordinario del 2014, que contiene ¢21.000 millones “urgentes” para que el Gobierno haga varios gastos de fin de año. Esos fondos deben aprobarse antes del jueves 20 de noviembre.
La pretensión de los diputados liberacionistas es que Zapote les devuelva direcciones, jefaturas y gerencias a empleados públicos nombrados por Liberación Nacional y que ocuparon antes de entrar a examen de procesos administrativos.
El jefe de la fracción liberacionista, Juan Luis Jiménez, explicó que ninguno de los 18 legisladores dará su voto a favor del Presupuesto Extraordinario y añadió que, incluso, presentarían mociones y usarían todo el tiempo a que tienen derecho para hablar en el plenario.
Mientras, Liberación Nacional espera una respuesta del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, sobre la reposición de los funcionarios en sus cargos, en el Gobierno exigen pruebas de la supuesta persecución política de la que serían víctimas esos funcionarios.
El viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, explicó que el Ejecutivo no puede, arbitrariamente, cerrar procesos administrativos.
“Enfáticamente rechazamos cualquier señalamiento de persecución política, no la hay por parte de este gobierno”, dijo Soley.
La lista de los supuestos perseguidos se mantiene en el secreto, pues Jiménez aduce que los órganos que llevan a cabo los procesos administrativos son confidenciales y solamente se pueden conocer con el permiso del investigado.
No obstante, el PLN insiste en que hay casos en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el de Agricultura y Ganadería (MAG), principalmente.
El viceministro del MAG, José Joaquín Salazar, explicó que hay procesos administrativos abiertos en esa cartera, originados en denuncias anónimas.
“Uno no pude detener es; no hay un mecanismo legal para suspender esos procesos. Todos tienen derecho a la defensa”, dijo el viceministro Salazar.
Añadió que todos los investigados siguen en sus puestos e informó de que tres de los procesos abiertos en esta administración fueron recomendados por la Auditoría, uno por el Servicio Civil y otro por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La oficina de prensa del MEP informó que la ministra Sonia Marta Mora no ha ordenado la apertura de ningún proceso disciplinario, hasta el momento.
Sin embargo, sí existen dos investigaciones de la Auditoría Interna, uno sobre el cobro de horas extra y otro por el manejo del sistema de pagos Integra 2.
“En el caso de movimientos entre directores regionales, no se hacen a dedo, sino por requisitos en puestos interinos”, indicaron en Educación Pública.