Liberación y Liberal culpan a Frente Amplio y oficialismo por atraso en plan para sacar a Costa Rica de lista negra de UE

Si Frente Amplio y Progreso Social Democrático no entregan informe de minoría a tiempo, se atrasa trámite para votar resello a proyecto de ley vetado por Chaves

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Los jefes de fracción de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Liberal Progresista (PLP) acusaron a los del Frente Amplio (FA) y el oficialista Progreso Social Democrático (PPSD) de atrasar el trámite legislativo del proyecto de ley que pretende sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea (UE).

La discusión con los micrófonos apagados y sin testigos, fuera de la transmisión en vivo, se dio durante la reunión semanal de los líderes de las diferentes bancadas.

Óscar Izquierdo, del PLN, y Eliécer Feinzaig, del PLP, señalaron a PPSD y FA de incumplir un compromiso de entregar un informe, en este caso de minoría, sobre qué proceso debe seguir la Asamblea Legislativa con el veto del mandatario Rodrigo Chaves al proyecto para excluir al país de la lista de naciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE).

El informe de FA y PPSD es de minoría porque el miércoles se dictaminó el de mayoría, votado por cuatro fracciones, el cual recomienda al plenario rechazar el veto y resellar el proyecto de ley.

Estas cuatro bancadas son PLN, PLP, Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR).

Si FA y el oficialismo no entregan el informe de minoría, el proyecto de ley no podría incluirse en la agenda del plenario. Si ambas fracciones lo aportaran este viernes, podría ser agendado el martes o miércoles próximos.

Para PLN y PLP la situación es urgente porque la Unión Europea revisará el 3 de octubre la situación de Costa Rica y, si considera que cumple con sus normas éticas, podría considerar su exclusión de la lista negra en la cual entró en febrero.

Tanto Izquierdo como Feinzaig afirmaron que había un compromiso de oficialistas y frenteamplistas para entregar su informe de minoría este miércoles 20 de setiembre, pues una vez que se entreguen ambos informes, el Reglamento obliga a dar un plazo de dos días de espera, antes de que el asunto se discuta en el plenario.

“Las fracciones de gobierno y Frente Amplio incumplieron un acuerdo de entregar el informe este miércoles, para que el lunes 25 pudiéramos darle el voto, tanto si fuera resello como primer debate si fuera la recomendación de la minoría. Decidieron no presentar el informe. No lo van a hacer este jueves, probablemente viernes y están poniendo al país contra las cuerdas”, criticó Feinzaig, quien lo calificó como una “jugada lamentable”.

La jefa del FA, Sofía Guillén, negó que existiera un compromiso con las otras fracciones para entregar el informe el miércoles por la noche, más que la comisión terminó sus labores a las 9 p. m.

“Estamos procurando agilizar para presentar el informe de minoría cuanto antes. Por Reglamento, tenemos ocho días para presentarlo, pero no queremos atrasar, estamos corriendo para entregarlo este viernes”, dijo.

Por su parte, el jefe del PLN lanzó una fuerte crítica a Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, porque ella les dijo que el informe aún no se entregaba porque debía verlo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

El liberacionista enfatizó que eso no es correcto porque se trata de un informe parlamentario que no tiene que ver, ni conocer, ningún ministro de gobierno.

Cisneros secundó lo dicho por Sofía Guillén, de que en ningún momento hubo un compromiso de entregar el informe el miércoles pasado. “Si hay voluntad, hay voluntad. A mí lo que me queda claro es que a algunos no les interesa salir de la lista negra, sino cambiar el artículo que permite exonerar a muchas empresas del pago”, dijo la oficialista.

Agregó que ella sabe que puede confiar en 17 votos, “los 10 oficialistas, los seis del FA y uno de Liberación (José Joaquín Hernández), por lo que en teoría los votos para el resello son 40″.

Chaves vetó la iniciativa porque no está de acuerdo con una reforma al artículo 1 que incluyeron los legisladores, que impide a la Dirección de Tributación cobrar impuesto a personas y empresas reales por ganancias obtenidas en el exterior, aunque el capital invertido se haya generado en Costa Rica.

Según el Gobierno, esa reforma los haría perder ¢36.000 millones que están en disputa con contribuyentes que generaron recursos en el exterior.

El resto del proyecto para salir de la lista negra no fue vetado y busca gravar ingresos que tengan empresas de papel o de maletín, producto de rentas pasivas obtenidas en el exterior.

El objetivo es evitar la doble no imposición, que permite no tributar en un país ni en otro.

El informe de minoría del FA y PPSD se inclina por acoger el veto de Chaves, modificar el texto de la iniciativa legal según lo recomendado por la Casa Presidencial y volver a aprobar el plan en dos debates.