La Procuraduría General de la República calificó de “arbitraria” y “caprichosa” la Ley de Apoyo a beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) con la que se pretende perdonar deudas por ¢6.200 millones a 2.400 productores.
En un criterio de julio del 2021, el entonces procurador general, Julio Jurado, expresó un conjunto de observaciones a los magistrados de la Sala IV que analizan una acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República (CGR) contra la citada norma.
Según la Procuraduría, la iniciativa está cargada de “contenido irrazonable y desproporcionado”, por lo que sugirió a la Sala declararla inconstitucional.
Dicha ley autoriza al SBD a perdonar 2.705 operaciones de crédito bajo la justificación del impacto de la pandemia por covid-19, aunque se trata de obligaciones que no se honraron desde hace años y cuyo monto principal se concentra en un grupo reducido de deudores.
La norma, aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo del 2021, se encuentra suspendida mientras el tribunal constitucional resuelve la acción de la Contraloría.
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Jurado consideró que existe una “franca desconexión” entre los motivos de la norma y las disposiciones impugnadas porque los incumplimientos crediticios, así como el remate de fincas, no fueron por causa de la crisis sanitaria, sino que se registran desde hace muchos años atrás.
“El medio seleccionado no tiene relación real ni sustancial con su objeto, por no ser un verdadero tipo de ayuda o subsidio, sino una mera liberalidad, por demás desproporcionada al dispensar en forma total el cumplimiento de las obligaciones crediticias y finalmente abusiva en favor de unos pocos beneficiarios, que, como se acredita en la acción con datos concretos, incluso acumulan más de un crédito, y tan solo un 7% de los beneficiarios acapararían casi la totalidad del monto de los créditos condonados”, señaló.
“Los argumentos que se plantean en relación con este aspecto de fondo, no pueden más que llevar a la apreciación de consecuencias arbitrarias y finalmente caprichosas, pues se establecen una serie de medidas que, más que beneficios, son verdaderas liberalidades desmedidas que no tienen ningún respaldo técnico”, aseveró.
La forma como se obtiene el beneficio (mediante una declaración jurada) también fue objeto de cuestionamientos, porque la PGR consideró que no contiene ningún tipo de requisito que permita corroborar “razonablemente” que la persona ha enfrentado una situación apremiante.
“Una simple declaración jurada en donde se alegue una situación “adversa”, se convierte en un portillo enorme, abierto a cualquier tipo de abuso”.
“Esta normativa no solo desemboca en un verdadero despropósito en relación con el fin público que debe cumplir el Sistema de Banca para el Desarrollo, sino que efectivamente apareja un precedente nefasto, festinándose los recursos y bienes públicos de forma laxa, desigual, privilegiada y a través de portillos legales altamente negativos y peligrosos para la sana administración de la Hacienda Pública y los fines de correcta distribución de los recursos”, concluyó la Procuraduría.
Actualmente, esa acción de inconstitucionalidad se encuentra en estudio por parte de los magistrados. La contralora general, Marta Acosta, insistió que la Ley es inconstitucionalidad porque no razonable ni proporcional, además que carece de estudios.
Mientras la acción está en curso, y la Ley congelada, el SBD pudo recuperar casi la mitad del monto autorizado a condonar.