San José
Desde que entró en vigencia la Ley de iniciativa popular, el 9 de marzo del 2006, la ciudadanía solo ha podido presentar tres proyectos a la corriente legislativa.
Los frutos que ha dado esa norma son escasos según el exdiputado José Miguel Corrales, uno de sus gestores.
Los dos planes aprobados se convirtieron en ley durante el presente periodo constitucional 2010-2014.
Se trata de la reforma y adiciones a la Ley de conservación de vida silvestre y de la Ley para la gestión integrada del recurso hídrico.
La primera iniciativa entró en vigencia en mayo del 2013; la segunda fue aprobada hace dos días por el plenario.
En trámite se encuentra el proyecto de ley para reformar el Código Penal y la Ley de Bienestar animal para castigar el maltrato contra los animales. Esa propuesta no ha sido convocada por Casa Presidencial para su discusión durante las actuales sesiones extraordinarias
Simplificar requisitos. Para que se presenten más proyectos nacidos de la ciudadanía, Corrales ve necesaria una reforma a la ley para eliminar el obstáculo de la recolección de las firmas del 5% de las personas inscritas en el padrón electoral, lo cual corresponde a más o menos 153.000 rúbricas.
Corrales afirmó que ese porcentaje de firmas se impuso de forma arbitraria durante la discusión de la Ley de iniciativa popular.
“Este proyecto fue hecho para aumentar la democracia participativa del pueblo que se constituye en proponente de los proyectos. Por eso es que al soberano no se le deberían poner este tipo de trabas”, sostuvo.
Federico Malavassi, exdiputado del Movimiento Libertario del periodo 2002-2006, comparte plantear una reforma para eliminar las firmas como requisito para presentar un proyecto.
Sin embargo, el abogado también considera importante eliminar el trámite especial del que gozan los proyectos presentados por la vía de la iniciativa popular, con un plazo fatal de dos años que obliga a los diputados a votarlos a favor o en contra sin entrar en mora.
“Hay que tramitar esos proyectos por la vía ordinaria y quitarles esa aura un tanto sacra que tienen en la actualidad. Así se podrían presentar más proyectos por la vía de la iniciativa popular”, indicó Malavassi.
El diputado Luis Gerardo Villanueva, quien aprobó la normativa y le correspondió aprobar los primeros dos proyectos de iniciativa popular en el actual periodo, considera que la ley ha funcionado bien.
“Me da temor que una reforma acabe por quitarle el plazo de dos años a los proyectos presentados por la vía de la iniciativa popular. De ser así, entrarían en el enjambre de proyectos que ve la Asamblea y no avanzarían”, expuso, punto en el que está de acuerdo José Miguel Corrales.
Para Villanueva es indispensable el requisito de recoger el 5% de las firmas del padrón nacional, filtro que considera necesario para evitar que cualquier tema sea planteado por la vía de la iniciativa popular.
La norma estipula en su artículo primero que el pueblo no podrán proponer proyectos de ley relacionados con materia presupuestaria, tributaria, fiscal, de empréstitos y contratos del Estado o sobre actos de naturaleza administrativa.
Junto con esa legislación los diputados aprobaron la Ley de Referéndum, que se aplicó por primera y única vez, hasta ahora, el 7 de octubre del 2007 cuando el pueblo aprobó en las urnas el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.