La abogada Priscilla Sánchez, experta en Derecho Tributario y Política Económica, advirtió de que un proyecto de ley aprobado por los diputados traerá consecuencias negativas para los patronos del sector productivo. Se trata del plan para modificar el cobro del impuesto de renta, con motivo del pago retroactivo de un aumento salarial aprobado en el 2020 para los empleados públicos.
El plan procura evitar un cobro tributario a funcionarios que, en condiciones normales, no deben pagar impuesto por sus salarios. Sin embargo, según Sánchez, el texto podría ser inconstitucional debido a sus efectos sobre el público en general. Aun así, los diputados lo aprobaron en segundo debate, este jueves; solo se opuso la bancada de gobierno.
El proyecto modifica el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para establecer que las rentas retroactivas deben ser tributadas en el periodo en el que se debieron haber recibido, en vez del momento en que se perciban.Esto implicaría que los empleadores estarán obligados a rectificar declaraciones anteriores cuando hagan un pago retroactivo, sin incurrir en cargos por intereses.
Para la abogada Priscilla Sánchez, la redacción no hace distinción entre patronos del sector público o privado, lo que implicaría que se aplicaría para ambos.
Lo anterior, añade la experta, es contrario al principio de devengo por el cual se rige el impuesto, el cual establece que las rentas, entendidas como salarios, se registran y reconocen en el momento en que ocurren.
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Agregó que, al hacer una rectificación por un pago retroactivo, los patronos legitimarían a la Dirección General de Tributación (DGT) para que les hagan una fiscalización, pues así lo establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT).
“Es decir, la reforma propuesta impone una obligación tributaria que automáticamente convertirá al patrono en sujeto de fiscalización, por haber modificado sus declaraciones. El solo hecho de atender a la DGT generaría tiempo, desgaste, todo por una obligación innecesaria de rectificar”, señaló Sánchez.
La experta también resaltó otro inconveniente: la interrupción de la prescripción del periodo fiscal que se rectifique. Según el Código, cuando se realiza la rectificación, se inicia un nuevo plazo de cuatro años de prescripción.
Sánchez señaló que el plan va en contra del Artículo 34 de la Constitución Política, el cual establece que “a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de personas alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos, o de situaciones jurídicas consolidadas”.
“Esta ley, si bien sería beneficiosa para los empleados, sería perjudicial para los patronos del sector privado”, afirma la especialista.
La recomendación de Sánchez es que el ajuste al pago de renta de los retroactivos se haga mediante una exoneración, “sin establecer la obligación del patrono de rectificar las declaraciones, siendo que la renta sigue el principio de devengo, el cual establece que las rentas, entendidas como salarios, se registran y reconocen en el momento que ocurren”.
Johana Obando, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP) y proponente del proyecto, dijo que la idea es resguardar dos principios constitucionales de suma importancia: capacidad contributiva y principio de igualdad.
“Consideramos que la rectificación no siempre conlleva un costo significativo, y no estamos de acuerdo en que implique automáticamente una fiscalización. De hecho, el criterio objetivo de fiscalización es rectificar para disminuir el impuesto o aumentar el saldo a favor, lo cual no se aplicaría en este caso con el proyecto”, aseguró la legisladora.
Obando añadió que el objetivo del plan es garantizar que se respete la capacidad contributiva de los trabajadores, evitando que se les cobren impuestos que no les corresponderían si se les hubiera pagado a tiempo.