El letrado del magistrado Celso Gamboa, Justo Pastor López Vargas, de 44 años, fue suspendido este jueves por un periodo de tres meses, confirmó la oficina de Prensa del Poder Judicial.
La separación temporal, con goce de salario, fue ordenada por el Consejo Superior del Poder Judicial y solicitada por el Tribunal de la Inspección Judicial.
Ese órgano empezó a investigar al letrado luego de que, el 26 de setiembre, el exfiscal de Delitos Económicos, Francarlo Pessoa, reveló que López lo llamó en más de cinco ocasiones para consultarle sobre el estado de una causa judicial, interpuesta por el BCR contra el ahora exsubgerente general y actual funcionario, Guillermo Quesada.
En específico, Justo Pastor López quería saber si ya se había realizado la audiencia ante el Juzgado Penal en la que se solicitarían medidas cautelares contra Quesada.
El fiscal precisó que él pretendía pedir seis meses de suspensión del cargo de Quesada, pero que cada vez que se iba a realizar la gestión el funcionario bancario se incapacitaba.
Pessoa informó de las llamadas del letrado en la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa, tras ser convocado a solicitud del diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
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Según Solís, el exsubgerente general del BCR, Guillermo Quesada, es investigado en la causa judicial que Pessoa dirigió hasta hace cuatro meses, por cinco hechos distintos.
Entre ellos, una supuesta violación al secreto bancario en el caso de los prestamos por $30 millones, otorgados por el banco a la empresa Sinocem, del empresario Juan Carlos Bolaños, para traer al país cemento desde China.
Momento convulso
La sanción contra el letrado Justo Pastor López se da un día después de que 21 magistrados de la Corte Plena acordaron, por unanimidad, suspender por tres meses a Celso Gamboa, mientras se investigan sus aparentes vínculos con el empresario cementero Juan Carlos Bolaños.
La causa contra López se tramita bajo el expediente 17-001564-0031-IJ.
La suspensión se suma a la del exfiscal general Jorge Chavarría, mientras se indaga por qué el Ministerio Público no incluyó un informe clave del OIJ al pedirle a la Sala III que desestimara una causa por presunto tráfico de influencias, contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara.