Justo Pastor López, letrado del magistrado penal Celso Gamboa, se abstuvo de declarar ante los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios.
El funcionario alegó que afronta causas penales y administrativas en la Corte Suprema de Justicia, por lo que se amparó en el artículo 36 de la Constitución Política para no contestar ninguna pregunta. Ese es el artículo que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.
El letrado fue llamado a comparecer luego de que el exfiscal de Delitos Económicos, Francarlo Pessoa, reveló que este lo llamó en más de cinco ocasiones para consultarle sobre el estado de una causa judicial interpuesta por el BCR contra el ahora exsubgerente general y actual funcionario, Guillermo Quesada.
Según Pessoa, Justo Pastor López quería saber si ya se había realizado la audiencia ante el Juzgado Penal en la que se solicitaría medidas cautelares contra Quesada. Precisó que él pretendía pedir seis meses de suspensión del cargo, pero que cada vez que se iba a realizar la gestión el funcionario bancario se incapacitaba.
Jacqueline Pérez Morera, técnica jurídica de la Fiscalía General, también reveló que el letrado estaba presente el día que le entregó al fiscal Ricky González un documento relacionado con la investigación por supuesto tráfico de influencias contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, así como contra el empresario Juan Carlos Bolaños y el exlegislador Wálter Céspedes.
Ricky González era el fiscal adjunto de la Fiscalía General a cargo de la causa judicial relacionada con los miembros del Congreso, la cual fue desestimada por la Sala III, a solicitud del Ministerio Público, en febrero del 2017.
La técnica jurídica relató que, antes de que el caso se desestimara, Ricky González la llamó por teléfono para solicitarle que le llevara un documento que era parte de la causa judicial. Y cuando ella llegó a entregar el documento, el letrado estaba sentado frente a la computadora del fiscal.
Justo Pastor López Vargas, de 44 años y quien aspira a ser magistrado de la Sala II, fue suspendido el 19 de octubre por un periodo de tres meses, confirmó la oficina de Prensa del Poder Judicial.