Laura Chinchilla no vetará ley que crea supuesto portillo a uniones gais

Ministro de Comunicación, Carlos Roverssi, afirma que a Presidencia no le corresponde interpretar la ley

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La presidenta de la República, Laura Chinchilla, no aplicará el veto a la reforma de la Ley General de la Persona Joven que creó un supuesto portillo para permitir las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.

Así lo confirmó el ministro de Comunicación, Carlos Roverssi, quien aseguró que a la Presidencia de la República ni al Poder Ejecutivo les toca interpretar las leyes, menos aún cuando son aprobadas de forma unánime por 45 diputados, como en el caso de la reforma en cuestión.

El supuesto portillo se generó en el artículo 2 de la reforma, que introduce una redacción diferente a la que contiene el Código de Familia para el reconocimiento de las uniones de hecho.

Ese texto dice que se reconoce el derecho a la unión de hecho sin discriminación contraria a la dignidad humana.

"Nosotros no tenemos que interpretar ni creer, si alguien tiene dudas del texto que lo consulte, o que un juez en un caso específico resuelva, o que los diputados hagan un proyecto de interpretación auténtica", dijo Roverssi.

En la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa confirmaron que el proyecto de ley se enviará hoy mismo a la Presidencia de la República, para que la presidenta Laura Chinchilla lo firme.

Roverssi evitó calificar si en el proyecto de ley efectivamente se introduzca un portillo legal que permita a las personas jóvenes, hasta los 35 años de edad, establecer uniones de hecho con personas de su mismo sexo.

Este martes, los diputados enfrentaron un caos en el plenario del Congreso, cuando José María Villalta, del Frente Amplio, proponente de la reforma en ese artículo específico, enfatizó la posibilidad para las uniones gais.

A partir de esa discusión, Justo Orozco de Renovación Costarricense y Manrique Oviedo del Partido Acción Ciudadana (PAC) pidieron a Chinchilla el veto a la ley. Sin embargo, interpretaciones de diputados expertos en Derecho calmaron la tensión y aseguraron a los diputados más conservadores que el texto es claro y no requiere la revocatoria de la nueva ley.