Abogados constitucionalistas, uno de familia y un juez dudan que la reforma a la Ley General de la Persona Joven abra el permiso para las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.
Consultados por La Nación, esos especialistas explicaron que el traspié a ese portillo está en la “aptitud legal” para contraer matrimonio por más de tres años que se introduce en la reforma legal.
El lunes, 45 diputados aprobaron el cambio en el inciso 4 de la Ley General de la Persona Joven, que establece el derecho a las uniones de hecho “sin discriminación contraria a la dignidad humana”.
Los constitucionalistas Marvin Carvajal y Rubén Hernández, el juez Héctor Amoretti y el abogado de familia Pedro Beirute creen que la aptitud legal (cumplir con los requisitos legales) les cierra el paso a las parejas homosexuales.
¿Por qué? Según el artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, es imposible legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo.
“Los diputados no han leído la ley que aprobaron. ¿No saben que el artículo 242 del Código de Familia no se ha derogado?”, dijo Beirute, quien sentencia que un juez que diga lo contrario, podría ser acusado de prevaricato.
Rubén Hernández recordó que el artículo 242, el cual establece la unión de hecho entre hombre y mujer, no se reformó. Añadió que si solamente en la ley de la persona joven se establece la unión homosexual, esa norma sería discriminatoria, por excluir al resto de la población costarricense.
Ese es el argumento del abogado Yashin Castrillo defensor de uniones entre personas del mismo sexo, quien espera que los magistrados de la Sala Constitucional extiendan el permiso a toda la población.
En manos del juez. El juez de familia Héctor Amoretti cree que que la aplicación de la norma aprobada por los diputados, dependerá del alcance que los jueces quieran darle.
“Si una pareja llega, el juez debe decidir. No solo es la referencia a hombre y mujer, sino que hay dos elementos que parecieran estar en contradicción”, dijo Amoretti.
Para él, en el análisis del caso habría que considerar cuál de los dos elementos tiene más peso: la obligación a no discriminar o la aptitud legal para el matrimonio.
El constitucionalista Marvin Carvajal cree que la prohibición a uniones homosexuales es inconstitucional, aunque tiene claro que es la norma vigente, y que el nuevo portillo no es tan seguro.