La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) se opuso, este miércoles, al proyecto que permitiría al Conassif y la Supén objetar los nombramientos para consejos directivos y alta gerencia de los fondos de pensiones y operadores de pensiones.
Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de Jupema, advirtió del riesgo de intromisión en el manejo administrativo de las operadoras de pensiones, si se aprueba el expediente 21.345.
Dicho plan propone facultar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dictar normas de gobierno corporativo, relacionadas con los requisitos de idoneidad de los miembros de la Junta Directiva y de la dirección ejecutiva.
“Genera riesgo que tiene que ver con coadministración y esto es peligroso”, sostuvo el representante de los educadores durante una comparecencia ante la comisión legislativa de Asuntos Sociales.
“Hablando de gobernanza, para uno poder regular el gobierno corporativo tiene que conocerlo. Ni el supervisor ni el regulador entienden de gobernanza”, señaló Arias.
La iniciativa planteada por la exdiputada liberacionista Yorleny León también atribuye a la Superintendencia de Pensiones (Supén) la posibilidad de objetar, “mediante resolución fundada”, el nombramiento de los miembros del órgano de dirección, así como de las personas designadas para ocupar cargos en la alta gerencia de las entidades reguladas.
Conforme la exposición de motivos del plan, el objetivo de las regulaciones es garantizar buenas prácticas en la gestión de fondos y operadoras de pensiones.
“Se requiere un adecuado gobierno corporativo, con una gestión enfocada en mejorar los procesos críticos de las principales actividades del negocio, sus riesgos y consecuente mitigación”, añade la justificación del texto.
En su comparecencia, Arias comentó que la Ley 7531, Reforma Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, ya da potestades a Conassif y Supén para que regulen lo que le “toque regular”, pero sostuvo que la iniciativa de León genera riesgos por abordar la gobernanza de la Junta.
A modo de ejemplo, Arias indicó que en el caso de Jupema, que administra alrededor de ¢4 billones, la gobernanza es muy compleja. Citó que la Junta Directiva está integrada por un representante de cada uno de los siete gremios, los cuales son seleccionados en procesos internos para un periodo de cuatro años.
Una vez en funciones, el representante debe rendir cuentas sobre sus decisiones a sus representados. “Poner al supervisor a decidir si un miembro de Junta Directiva es idóneo o no, si el director (ejecutivo) es idóneo o no, es quitar la gobernanza”, aseguró.
Solo la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) tiene 55.000 agremiados, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), 40.000 y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricenses (SEC), 30.000.
“Hay un tema de rendición de cuentas, compromiso y eso no lo entiende el supervisor. Entiende que (al directivo) se le designa a dedo y eso no es así”, finalizó Arias.
El proyecto, presentado en la corriente legislativa por la diputada León a finales del 2021, apenas inicia su recorrido en la comisión de Sociales.