Un juez del Tribunal Contencioso- Administrativo frenó la inhabilitación, durante seis años, del presidente del Incofer, Miguel Carabaguíaz, y del diputado del PUSC, Wálter Céspedes, que fue impuesta por la Contraloría General de la República, el jueves anterior.
El juez José Iván Salas Leitón acogió las solicitudes de medida provisionalísima formuladas por Carabaguíaz y Céspedes. La primera fue resuelta el viernes y la segunda la noche del domingo.
En la resolución, Salas ordena que el Estado y la Contraloría detengan la destitución del jerarca del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), así como la inhabilitación de Carabaguíaz y Wálter Céspedes.
La inhabilitación del ente contralor implicaba que ni Carabaguíaz ni Céspedes podrían asumir funciones gubernamentales que conllevara el manejo de recursos públicos durante los seis años.
La sanción de la Contraloría es contra seis exdirectivos del extinto IDA (Carabaguíaz era directivo y Céspedes era su jerarca), quienes aprobaron la titulación de tierras con zonas boscosas consideradas patrimonio natural del Estado, entre el 2004 y el 2005.
El proceso del ente contralor se inició en julio del 2013 contra los exdirectivos que aprobaron el traspaso de cinco terrenos del Estado, por considerar la Contraloría que se trataba de “tierras carentes de vocación agrícola”.
La titulación fue anulada y los terrenos en zona boscosa fueron devueltos a propiedad estatal.
‘Persecución’. El legislador Céspedes reaccionó ayer y dijo que la acción de la Contraloría se trata de una persecución en su contra.
“Me persiguen porque he hecho muchas denuncias y he criticado decisiones de la Contraloría sobre la trocha y sobre viviendas del INVU”, dijo Céspedes .
Añadió que la resolución del juez contencioso le permite asumir la jefatura de asesores de los nuevos legisladores del PUSC, a partir del 1.º de mayo.
En el caso de Miguel Carabaguíaz, su abogado Fabián Volio insiste en que la decisión de los exdirectivos, de lo que era el IDA (ahora es el Instituto de Desarrollo Rural), ya se superó en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, que dictó el sobreseimiento, el 9 de setiembre del año pasado.