El excandidato presidencial y líder del Frente Amplio (FA), José María Villalta, se desdijo sobre el alegato que utilizó para justificar que el diputado y jefe de fracción de ese partido, Gerardo Vargas Varela, tuviera 56.000 m² en Turrialba valorados en ¢800 durante cuatro años .
Villalta dijo el martes que el legislador no cometió ninguna irregularidad porque todavía dispone de nueve meses para actualizar ese monto ante la Municipalidad turrialbeña, pero ahora considera que “lo más conveniente” era que Vargas declarara el valor real de esas tierras desde que las recibió, en el 2011.
Él basó su argumento inicial en la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles, la cual establece que los contribuyentes tienen un plazo máximo de cinco años para revalorar sus propiedades.
“Quiero rectificar un aspecto de las declaraciones que di a La Nación el pasado 4 de agosto . ”Quienes estamos en política siempre debemos estar dispuestos a escuchar y a rectificar cuando se dan buenos argumentos”, dijo ayer el excandidato en un artículo de opinión publicado en este diario .
Agregó: “Entre los expertos tributarios consultados, existen criterios encontrados sobre el plazo que tenía el diputado Vargas para presentarse a la Municipalidad a actualizar las propiedades inscritas entre el 2011 y el 2014 después de largos procesos de informaciones posesorias. La ley no es clara sobre este punto”.
Sin embargo, no dejó de justificar a Vargas. Alega que el legislador no actuó de mala fe y que los cuestionamientos han sido más fuertes por pertenecer al FA.
“Aquí no hubo actuación dolosa o ánimo de esconder nada, pues Vargas declaró ante la Contraloría el valor real de las propiedades, cosa que no hacen los que ahora intentan meterlo en su mismo saco (...). Pero es cierto que lo mejor, lo más conveniente, hubiera sido que el diputado acudiera a hacer la actualización del valor de la propiedad inmediatamente después de que estas fueron inscritas”, señaló Villalta.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Municipalidad de Turrialba resaltaron el error de Villalta. Coincidieron en que los propietarios tienen el deber de registrar el valor real de sus tierras apenas las reciben.