“Si alguna de las personas bajo investigación tuviera responsabilidad en la campaña, se retirará de la misma de forma inmediata”. Así lo declaró José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), con respecto al caso Operación Diamante.
En un comunicado de cinco párrafos, en el cual no ahondó en su posición, el aspirante también agregó que “al igual que lo hemos hecho con el caso Cochinilla y otros, apoyamos toda acción que luche contra la corrupción”.
Tal manifestación la dio luego de la detención de los alcaldes verdiblancos Johnny Araya, de San José; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Alfredo Córdoba, de San Carlos; y Alberto Cole, de Osa. El Ministerio Público investiga el aparente pago de dádivas en municipalidades por parte de la constructora MECO para obtener, supuestamente, ventajas en contratos.
Además de ellos, fueron detenidos los alcaldes Mario Redondo, de Cartago; y Arnoldo Barahona, de Escazú; de los partidos Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y Nueva Generación (PNG), respectivamente.
Con respecto a los liberacionistas, Figueres afirmó que el Tribunal de Ética del PLN, conformado por siete miembros, “debe asumir de inmediato su responsabilidad frente a estas investigaciones y actuar conforme lo establecen los estatutos”. Según los estatutos, ese tribunal debe investigar por iniciativa propia o con base en denuncia o acusación, las faltas que se atribuyen a los miembros del partido contra la ética o la moral pública.
El alcalde de Osa, Alberto Cole, fue el primero en anunciar públicamente su respaldo a Figueres de cara a la convención interna del PLN de junio de este año.
Figueres dijo tener confianza en el proceso judicial. “Al igual que lo hemos hecho con el caso Cochinilla y otros, apoyamos toda acción que luche contra la corrupción”, indicó.