Jorge Chavarría solicitó al Poder Judicial reactivar su jubilación a partir del 15 de diciembre, dos días después de que se cumplan los tres meses de suspensión que le impuso la Corte Plena mientras se le investiga la forma en que el Ministerio Público solicitó a la Sala III desestimar una investigación contra dos diputados por el caso del cemento chino.
La oficina de Prensa de la Corte confirmó que el fiscal general hizo la solicitud el 8 de noviembre pasado ante la dirección de Gestión Humana.
LEA MÁS: Magistrados separan al fiscal general de todas sus funciones por tres meses
El Tribunal de la Inspección Judicial investiga las razones en que se basó la Fiscalía, a principios del 2017, para solicitar la desestimación de dos causas por supuesto tráfico de influencias, una contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata (independiente), y otra contra el importador de cemento Juan Carlos Bolaños y el exdiputado Wálter Céspedes.
Chavarría es investigado luego de trascender que el Ministerio Público no incluyó en su totalidad, en la solicitud de desestimación, un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que probaba que existieron múltiples contactos telefónicos entre Bolaños y los tres políticos.
La exfiscal subrogante, Berenice Smith, quien firmó la solicitud de desestimación y renunció al puesto, afirmó entre las conclusiones que no hubo prueba suficiente para fundamentar los nexos entre el dueño de Sinocem y Céspedes, Guevara y Morales Zapata, por lo que procedía era enterrar las denuncias.
Al momento de su suspensión, se conoció que los magistrados se inclinaron por esa decisión pues Jorge Chavarría también figura como acusado en una causa penal junto con el magistrado de la Sala III —también suspendido— Celso Gamboa.
Se trata de una denuncia de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC) contra Chavarría y Gamboa, por supuestos tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.
Gamboa también es investigado por haber coincidido en un viaje con Bolaños y por haberlo acompañado a un despacho judicial.
LEA MÁS: Viajes de Celso Gamboa y Juan Carlos Bolaños a Panamá se pagaron con la misma tarjeta
La ANIC alega que, a finales del 2016, la fiscal subrogante Berenice Smith Bonilla solicitó la desestimación de la causa contra los diputados con instrucciones del fiscal general, Jorge Chavarría, y que, el 21 de febrero del 2017, la Sala III desestimó la causa mientras el magistrado Gamboa estaba presente en la sesión.
Los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios emplazaron a Jorge Chavarría, el 26 de octubre pasado, sobre la pasividad con la que, según ellos, el Ministerio Público ha reaccionado para investigar el caso del cemento chino.
Durante su comparecencia ante ese panel investigador, el fiscal general reconoció que hay una afirmación falsa en la desestimación de la causa contra los actuales diputados y el empresario Juan Carlos Bolaños, en referencia al alegato de que no se comprobaron relaciones telefónicas entre los tres investigados.
Empero, dijo que el error no afectaba el fundamento con el cual el Ministerio Público pidió desestimar. Alegó que la solicitud era lo pertinente porque el tipo penal que se investigaba exigía demostrar que un funcionario hizo una presión sobre otro de grado inferior en favor de alguien para obtener un beneficio.
Desde el momento en que Jorge Chavarría fue suspendido del cargo, los magistrados designaron a la nueva fiscala subrogante, Emilia Navas Aparicio, como la fiscala general interina.
Navas le dio un giro a las investigaciones sobre el caso del cemento chino al punto de que, hace una semana, ordenó la detención de Bolaños y de seis miembros de la alta gerencia del BCR.
A Bolaños, la fiscala lo acusa de cuatro delitos: peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito; en tanto que a los seis altos jerarcas bancarios les atribuye haber cometido peculado al facilitar la sustracción de fondos públicos.
Navas además pidió seis meses de prisión preventiva contra los siete imputados. Sin embargo, el sábado pasado un Tribunal decidió que lo conveniente era mantener detenidos a los individuos durante tres meses.