El diputado Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República, evadió responder preguntas de los medios de comunicación sobre un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), el cual lo obligaría a devolver los ¢9 millones de cesantía que cobró al pasar de asesor legislativo a congresista, en el 2018.

A través de su encargado de prensa, el independiente aseguró este lunes que no se va a referir de ninguna forma al asunto “hasta conocer con más detalle el criterio de la Procuraduría”.

Prendas también respondió, por vía indirecta, que esperará conocer la posición de los departamentos administrativos de la Asamblea Legislativa antes de responder cualquier consulta.

En el criterio C-414-2020, con fecha del 22 de octubre, la Procuraduría confirmó una opinión que obligaría a Prendas a devolver el monto que le pidió a la Asamblea Legislativa por concepto de cesantía.

A principios del 2018, el actual diputado era asesor legislativo. En abril de ese año, dejó dicha labor para pasar, de inmediato, a ser legislador y le pidió al primer Poder de la República el pago del auxilio de cesantía por el puesto que dejó.

La Nación dio a conocer el criterio de la Procuraduría este lunes.

Se trata de una respuesta enviada al presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, a varias preguntas que hizo su antecesor Carlos Ricardo Benavides, el 31 de julio del 2019, para ampliar un criterio de la Procuraduría de junio del año pasado.

El abogado Estado respondió que no corresponde que un asesor cobre el auxilio de cesantía cuando termine su relación laboral con la Asamblea si, de inmediato, va a ejercer un cargo para el que fue elegido popularmente por un plazo determinado.

“No existe fundamento jurídico que autorice al Estado a pagar el auxilio de cesantía al servidor en el supuesto consultado”, responde la entidad.

Además, la PGR advirtió a la administración legislativa de que “bajo ninguna circunstancia, una práctica anómala o costumbre administrativa contraria a la ley puede convertirse en fuente de derecho”.

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Criterio en estudio

La primera secretaria del Directorio, la liberacionista Ana Lucía Delgado, explicó que la opinión de la Procuraduría no ha llegado a su despacho, pues lo recibió directamente el presidente, Eduardo Cruickshank.

“Lo que procede es una lectura obligada de los contenidos, lo que resuelve la Procuraduría y revisar qué había consultado el anterior presidente legislativo”, explicó Delgado.

También indicó que es necesario revisar el criterio de la Dirección de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa, que es básicamente contrario a lo dicho por la PGR.

La segunda secretaria, la socialcristiana María Vita Monge, respondió a través de su encargado de prensa que prefiere “no adelantar criterio, en aras de no viciar el proceso que eventualmente corresponderá resolver en el Directorio”.

¿Por qué tendría Prendas que devolver dinero al Congreso?

Prendas fue asesor legislativo desde el 2011. Laboró para tres diputados de Restauración Nacional: Carlos Avendaño, Fabricio Alvarado y Alexandra Loría.

El 19 de abril del 2018, exactamente 11 días antes de asumir la diputación, Prendas presentó un reclamo formal para exigir el pago de los derechos laborales, “en virtud de haber finalizado su relación de trabajo con la Asamblea”.

La administración legislativa le giró a Prendas dicho monto por prestaciones legales, integrado por ¢8,4 millones por 154 días de cesantía y ¢600.000 por vacaciones.

El pago fue aprobado cuando ya Prendas era diputado y se acordó cancelarle el aguinaldo y el salario escolar también.

No obstante, la Procuraduría explicó que solo se deben pagar prestaciones cuando un trabajador quede efectivamente desempleado por el Estado. Si esa condición no se da o desaparece, entonces también desaparece el supuesto que permitía el pago de la cesantía.

Además, como los diputados no tienen derecho a cobrar cesantía, el criterio de la Procuraduría es que, al final de su ejercicio, no se le puede pagar cesantía a la persona.

La Dirección Ejecutiva del Congreso tenía el caso de Prendas congelado, a la espera de las respuestas de la Procuraduría General de la República. Ahora, el director, Antonio Ayales, espera instrucciones del Directorio sobre el asunto.