En 12 días, los jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) cambiaron el criterio sobre el proyecto de ley que les daría potestades a los inspectores laborales para multar directamente a los patronos que infrinjan las leyes laborales.
Así consta en dos oficios enviados a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, donde se discute el plan de Inspección Laboral de la diputada lliberacionista Sandra Piszk.
El 3 de junio del 2016, el actual ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, envió un criterio rechazando el proyecto por falta de dinero. Calificó la situación de "alarmante", al alegar que la creación de un Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, donde los patronos apelarían las sanciones de los inspectores, implicaría dotar de recursos a la nueva unidad.
Hasbum se pronunció en ese momento como ministro interino, en vista de que no estaba presente el entonces ministro, Carlos Alvarado, actual precandidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC).
"Analizado el articulado referente al Tribunal Administrativo, encontramos una situación alarmante, y es el tema de los recursos económicos necesarios para el funcionamiento del mismo, ya que en el texto simplemente se indica que esta cartera (el Ministerio de Trabajo) cubrirá el presupuesto necesario para el funcionamiento de este Tribunal y como es bien sabido por los diputados, este no es el momento fiscal oportuno para crear una estructura adicional a las ya existentes en el aparato estatal", señaló Hasbum.
En ese momento, Hasbum también detectó vacíos en el procedimiento de fijación y cobro de multas. Por ejemplo, señaló que el proyecto no contenía obligaciones en caso de que el patrono no pagara la multa.
Doce días después, el 15 de junio del mismo año, Carlos Alvarado envió a los diputados una nota aclaratoria con una posición diferente, en la que recomendaba cambios al proyecto de ley, en lugar del dictamen negativo que sugirió el viceministro Hasbum.
Dentro de su criterio, Alvarado recomendó conservar el Tribunal Administrativo, aunque con carácter de órgano desconcentrado para que sea financiado por el Ministerio de Hacienda y no por el Ministerio de Trabajo.
Según Alvarado, el nuevo oficio se envió a "efecto de aclarar que esta propuesta resulta de gran interés y se considera de vital importancia para el desarrollo del país en materia de empleo".
Asimismo, manifestó el apoyo del Ministerio a la iniciativa de ley.
La última versión del proyecto no establece una fuente de financiamiento para el Tribunal Administrativo.
Sobre el dinero que generen las multas a patrones, se establece que un 50% de lo recaudado ayudará a financiar la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo y el otro 50% será destinado a las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Hasbum, quien ahora es el ministro de Trabajo, aseguró este jueves a La Nación que actualmente apoya el proyecto, pues aunque crea una nueva figura que habrá que financiar, ya no corresponderá a su cartera. Además, quedó satisfecho con el texto actual, pero no descarta una nueva revisión y enviar un nuevo criterio.
Los cambios que sugirió Alvarado se encuentran en el texto sustitutivo que nació luego del periodo de consultas, a excepción de algunas observaciones como que los miembros del Tribunal fueran nombrados por el Ministerio; la comisión designó esa responsabilidad al Consejo de Gobierno.
Tampoco se acogió la sugerencia de permitir que las micro, pequeñas y medianas empresas recibieran un mejor trato en cuanto a los plazos de cumplimiento.
De nuevo a discusión
Hasta el 26 de junio, la iniciativa estaba lista para votarse en primer debate en Plenario. Sin embargo, una moción presentada por diputados de varias fracciones devolvió el texto nuevamente a la Comisión de Asuntos Sociales, para una nueva discusión hasta por dos meses.
La intención de discutir de nuevo el proyecto se dio tras las críticas de varios sectores, la oposición del diputado libertario, Otto Guevara y la anuencia de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en acuerdo con su candidato presidencial Rodolfo Piza, a cambiar el texto por las potestades administrativas que se otorgaría a los inspectores de trabajo.
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Los empresarios representados por la Unión Costarricenses de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) rechazaron el proyecto, porque consideran que viola el debido proceso y no impone sanciones a los inspectores cuando no actúen a derecho.
La diputada Sandra Piszk dijo la semana anterior que está abierta a escuchar propuestas para mejorar el texto y que consultarían a empresarios y expertos en derecho laboral.
Por ahora, se desconoce si el ministro tendrá audiencia con los diputados de la Comisión.
Entre las reformas al Código de Trabajo que introduce el proyecto de ley, y que generan mayor polémica, están las siguientes:
– Creación del Tribunal Administrativo de Inspección de Trabajo, como órgano de desconcentración máxima e independencia funcional.
– El inspector laboral podrá imponer las multas a los patronos que incurran en faltas laborales directamente y estas podrán ser recurridas por la vía administrativa, no judicial.
– El inspector podrá dictar órdenes de cumplimiento para garantizar que las condiciones de las relaciones laborales se ajusten a la normativa.
– Se establecen órdenes de ejecución inmediata, cuando se le ordene al patrono no insistir en una conducta, y de ejecución a plazo, cuando se le ordene hacer algo para cumplir con la normativa laboral.
– Se impone multa de hasta ¢9,8 millones al patrono que incumpla con el pago del salario mínimo.