Los jefes de la Asamblea Legislativa descartan tramitar el proyecto para la suspensión de derechos y garantías constitucionales propuesto por el bloque de diputados independientes Nueva República, salvo en caso de que el Gobierno de la República solicite una medida de ese calibre.
Consultados por separado, voceros de las fracciones de Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y el Frente Amplio, así como el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, afirmaron que lo más conveniente es que el Ejecutivo lo solicite.
Específicamente, los líderes parlamentarios afirmaron que una petición de ese tipo, solamente, se puede basar en los criterios técnicos aportados por el Gobierno y, para el caso de la emergencia por el nuevo coronavirus, por los criterios del Ministerio de Salud.
Aunque desde el martes de esta semana se decidió, en medio del plenario del Congreso, que serán los jefes de fracción, en reunión virtual, los que decidan si se debate ese tema en algún momento, lo cierto es que, por aparte, cada tienda política tiene fuertes reparos en entrarle al tema.
Mientras tanto, Carlos Ricardo Benavides decidió colocar el proyecto de los fabricistas en el capítulo de asuntos internos del Congreso. De esa forma, para que el plenario decida debatirlo, tendría que consolidarse un acuerdo de 38 diputados y eso es bastante difícil en el plenario.
“Por las características de la propuesta que se presentó, atendiendo la recomendación técnica, lo ordenamos en el capítulo de asuntos internos, por lo cual requiere de una posposición para entrar a verlo”, dijo Benavides.
Básicamente, la propuesta de los independientes del bloque Nueva República es aplicar lo que dice el inciso 7 del artículo 121 de la Constitución, donde se le da potestad al plenario de la Asamblea, con votación de 38 diputados, para suspender los derechos y las garantías de los costarricenses.
En particular, la propuesta de los fabricistas es limitar el derecho del libre tránsito y el de reunirse, básicamente, establecidos en los artículos 22 y 26 constitucionales.
En particular, Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Nielsen Pérez, del PAC, enfatizaron la necesidad de que cualquier medida de ese tipo no se decida si no es en coordinación con el Poder Ejecutivo.
“Es, absolutamente, sensible, de un gran impacto para la ciudadanía. Hay que pensarla y madurarla muy bien, estar en estricto diálogo con el ministro de Salud, Daniel Salas, quien es rector en la materia y lidera esta crisis desde el punto de vista de la salud”, comentó la vocera oficialista.
Eso sí, Pérez apuntó que no puede ser una iniciativa de parte de los diputados, porque conlleva una “gran responsabilidad, para ver el impacto” y tener “muchísima evidencia de que sea la única opción”.
La liberacionista, por su parte, dijo que se deben revisar las medidas día con día, para ver los resultados; por ejemplo, de la restricción vehicular y cómo se comporta el contagio del covid-19.
“Las jefaturas juegan un rol crucial para definir el alcance y avance; en esta ocasión, debe darse en coordinación con el Ejecutivo para definir las acciones en pro de que la población estén en mejores condiciones”, afirmó Hernández.
La socialcristiana María Inés Solís manifestó que es mejor que no haya sorpresas al llegar al plenario y, por eso, prefiere que los jefes discutan los planes un día antes, para no toparse con propuestas como la de los fabricistas.
“Creo que es una decisión que debe tomar el Ejecutivo. En el momento en que haga la solicitud, yo no tendría problema en votarla, incluso habilitar jueves, viernes y sábado santos para venir a votar eso, en caso de que el Ejecutivo lo requiera”, puntualizó la jefa de la Unidad.
Añadió que le preocupa que sea una solicitud surgida del seno de la Asamblea, porque los diputados “no tienen ningún control sobre lo que va a pasar en la calle después, no se puede tomar una decisión de ciérrese todo y no saber si el Ministerio tiene condiciones para implementar la solicitud que le hagamos”.
El jefe de Restauración, Eduardo Cruickshank, también sentencia que el Gobierno debe tener la iniciativa, por ser los que están al frente de la situación de emergencia, “son los que deben tomar la iniciativa de pedir lo que necesitan de acuerdo a las circunstancias”.
“Nosotros no somos especialistas, si ellos no lo han pedido, no creemos en otorgar algo que, a lo mejor, no necesitan”, dijo.
José María Villalta, del Frente Amplio, calificó la propuesta de Carmen Chan y el bloque Nueva República como “totalmente inoportuna", sin recomendación gubernamental, ni criterio técnico ni orden sanitaria emitida por Salud.
“Nueva República insiste en sustituir al Poder Ejecutivo en el marco de la atención de emergencia, es peligroso. En mi caso, solo votaría una propuesta de ese tipo, si viene una recomendación de Salud. Tiene que venir como fundamentación técnica y no como una ocurrencia de los diputados”, manifestó.