Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Jurídicos dictaminaron afirmativamente el proyecto de ley que reforma las potestades de la la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo.
Impulsado por José María Villalta, legislador del partido Frente Amplio, el plan permitiría al Ministerio multar patronos sin necesidad de que el caso sea conocido por un juez. Además, establece el impago de salarios mínimos como una nueva causal para que la cartera cierre negocios por 15 días.
En cuanto a las multas, estas constan en el Código de Trabajo y la iniciativa definiría las causales. El jefe regional de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo podría imponer sanciones hasta de ¢10,6 millones cuando la causal la haya cometido el representante patronal de una empresa o grupo económico. La multa mínima sería de ¢462.000, equivalente a un salario base.
Por ahora, la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo debe presentar la denuncia con el acta respectiva ante el Juzgado de Trabajo y este analiza si procede la multa.
En el proyecto, las jefaturas regionales de la Inspección del Trabajo emitirían una resolución fundamentada y otorgarían al patrono un plazo de 15 días hábiles para presentar su descargo. Valorada la prueba, la jefatura emitiría una resolución final en 15 días hábiles para comunicar al patrón eventuales sanciones por infracción al Código de Trabajo.
El patrono podrá apelar la resolución en tres días hábiles ante la misma instancia, la cual deberá pronunciarse en 15 días, con lo cual se dará por agotada la vía administrativa.
A favor del dictamen afirmativo de mayoría votaron Villalta y la independiente Paola Vega, Franggi Nicolás, de Liberación Nacional (PLN); Carolina Hidalgo, de Acción Ciudadana (PAC); y Wálter Muñoz, de Integración Nacional (PIN).
En contra votaron Jorge Fonseca y su compañero de bancada Wagner Jiménez, del PLN, así como el socialcristiano Pedro Muñoz y la restauracionista Mileidy Alvarado.
Para el diputado liberacionista Jorge Fonseca, ese cambio convierte en peligroso el proyecto. “El hecho de que la Inspección sea juez y parte potencia un conflicto de intereses. Recordemos que el 50% de la multa será destinada para financiar la Inspección, de tal forma que los inspectores tendrán un incentivo para multar, más que para girar acciones correctivas, pues de ello depende el financiamiento de su dirección”, consideró el legislador.
Concentrar tanto poder en una instancia administrativa, aseguró Fonseca, fomenta actos de corrupción. “Puede fomentar sobornos y actos de similar naturaleza”, dijo.
El socialcristiano Pedro Muñoz y el liberacionista Wagner Jiménez también criticaron el proyecto. “Aquí se toma la decisión de hacer las cosas más difíciles, creando más trámites y trabas en un momento en que aumenta el desempleo y la pobreza, momento en el que emprender es difícil, momento en que la inversión extranjera es ahuyentada y en un momento en que no somos competitivos por ser un país carísimo”, apuntó Muñoz.
El proyecto ha sido cuestionado por el sector empresarial. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) considera su enfoque equivocado, represivo y, además, parte de la idea de un Estado interventor en dimensiones “desproporcionadas”.
La Uccaep lamenta que la iniciativa dé amplios poderes a los inspectores de trabajo, quienes tendrían libre acceso de los inspectores a libros de contabilidad, salarios, planillas, medios de pagos u otros documentos de las empresas, sin necesidad de autorización de un juez.
Villalta y Paola Vega resaltaron la la iniciativa. “Los inspectores actuales son de mentirillas, no sirven para nada. Con el actual sistema de (castigar) tres, cuatro años después la multa no beneficia a nadie. El trabajador no gana nada con esa multa; ese sistema es inoperante, genera más atrasos, más gasto en abogados, el trámite es lento”, fustigó el frenteamplista.