El Instituto Nacional de Seguros (INS) rompió un acuerdo que le daría a la organización Transvida un edificio desocupado en el barrio la Coca Cola, en el centro de San José, y que había sido cedido en préstamo a la ONG por el gobierno anterior.
La fundación Transvida se ha dedicado desde el 2009 a trabajar con poblaciones vulnerables, dar empoderamiento a mujeres trans y prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Para ello, han desarrollado diferentes campañas de apoyo psicológico, educación, capacitación y ayuda para estas personas.
De acuerdo con un documento en manos de La Nación, la nueva administración del INS dio marcha atrás con el comodato acordado en mayo pasado, alegando de forma unilateral un “cambio de logística” en sus políticas internas y necesidades institucionales, las cuales impiden dar en préstamo el inmueble.
Este medio consultó al INS cuál es el uso que se le dará al inmueble. Se está a la espera de la respuesta.
Según informó Transvida, la noticia llegó de sorpresa y lo consideran un “ataque directo” del Gobierno contra las poblaciones que atiende la organización, ya que no han recibido ninguna notificación directa donde se les explique la situación.
“Es un discurso de odio muy solapado, solo la acción del gobierno habla por sí sola; esto pone en riesgo todos los servicios”, enfatizó Dayana Hernández, activista y directora de Transvida, quien lamentó que se estén tomando acciones para invisibilizar sus problemáticas.
Hernández sostuvo que, durante más de ocho años, han buscado ayuda con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), entidad que logró identificar estas oficinas, las cuales quitaron sin explicación ni previo aviso.
“El Estado no nos da a nosotras nada, apaga la luz ni el agua, el Internet, los donantes internacionales no entran a Costa Rica por es considerada clase media alta entonces las agencias internacionales ven que aquí no hay necesidad, entonces es muy difícil aplicar por fondos.
“A esto se le suma la trans fobia, el hecho de qué los vecinos no quieren tener personas trans trabajando, que es muy paradójico, prefieren vernos en las calles pero tampoco quieren vernos en las calles, estorbamos en todos lados, no quieren que estemos en lugares diurnos ocupando oficinas y cosas administrativas, me parece que es un tema de persecución”, aseveró Hernández.
La directora de esta ONG consideró que esta situación representa un retroceso para la población y sus derechos, ya que afecta directamente a mujeres que viven en pobreza extrema y a los pacientes que atienden.
“Nosotras nos preguntamos a qué se debe esta acción, quien la promovió, y automáticamente viendo las acciones del señor presidente, se nota que no sabe cómo dirigir un país, es más, con las denuncias que tiene de acoso, pero no nos tiembla el pulso ni la voz, vamos a utilizar todos los instrumentos y sistemas internos para llegar al sistema interamericano, para la parte regional, vamos a evidenciar como Costa Rica esta violentando a las personas trans”, agregó la activista.
Con el comodato que se había firmado con el INS, Transvida podría utilizar por los próximos 24 años Transvida las oficinas desocupadas del Instituto, a cambio de que la ONG cubriera todos los gastos de mantenimiento y servicios.
En tanto, el IMAS informó de que procurará apoyar el programa de la organización.