Los diputados acordaron debatir, este jueves 16 de setiembe en el plenario legislativo, el informe de la investigación que hizo la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos en torno a los créditos de la Asociación Solidarista del Banco Nacional (Asebanacio).
Se efectuará un debate reglado de dos horas, con el tiempo repartido de forma proporcional entre las seis fracciones parlamentarias.
El informe de la comisión, que fue aprobado de forma unánime en abril pasado, determinó que hubo una violación al artículo 14 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, porque altos funcionarios del BN ocuparon, al mismo tiempo, cargos en la Junta Directiva de la Asociación Solidarista del Banco.
Eso habría permitido que altos mandos del Nacional, entre ellos gerentes, subgerentes y otros funcionarios, obtuvieran créditos en condiciones irregulares y beneficios directos relacionados con el traslado de fondos de prestaciones para la creación de la Asebanacio, dice el texto.
El informe también contiene recomendaciones al BN y a la Contraloría General de la República (CGR). El manejo irregular se habría dado entre los años 2011 y 2017.
Asebanacio era la segunda asociación solidarista más grande del país, cuando empezó la investigación legislativa, con un patrimonio de ¢84.000 millones, activos por ¢90.000 millones y una afiliación del 90% de los funcionarios del BN.
Liberación Nacional podrá usar la palabra hasta por 40 minutos, Progreso Social Democrático (PPSD) por 22 minutos, la Unidad Social Cristiana (PUSC) por 20 minutos, Nueva República (PNR) por 14 minutos, el Frente Amplio (FA) por 12 minutos y el Liberal Progresista (PLP) por otros 12 minutos.
El informe del expediente 21.579 también concluyó que la asociación solidarista funcionó, de manera irregular, como un banco paralelo. Puntualizó que se habrían contabilizado pérdidas en Asebanacio cercanas a los ¢15.000 millones.
El documento contenía una recomendación para enviar la información rebacada al Ministerio Público y pedir a la Fiscalía de Fraudes investigar las irregularidades en la otorgación de préstamos a través de la asociación solidarista.
La sospecha de los legisladores es se cometieron delitos que deben ser acusados penalmente, al tiempo que hubo irregularidades en la administración y aprobación de los créditos, lo que puso en riesgo los recursos pertenecientes a los trabajadores de la institución.