La capacidad del Gobierno para efectuar compras públicas sostenibles es “incipiente”, advirtió una auditoría de la Contraloría General de la República.
Las compras públicas sostenibles (CPS) se definen como el proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios y obras obteniendo el mejor valor por el dinero entregado, minimizando el impacto ambiental y generando beneficios no solo para la organización, sino también para la sociedad y la economía.
Esta política de adquisiciones implica tomar en cuenta a economías locales, emprendimientos de grupos vulnerables y tamaños de empresas.
Según determinó la Contraloría, el Gobierno Central carece de políticas para emprender un progreso gradual de transición hacia procesos de compras que contribuyan con el bienestar social.
Dichos hallazgos fueron revelados en una auditoría sobre los procesos de CPS que efectúa el Ministerio de Planificación (Mideplán) como principal órgano rector de las compras estatales. El informe inspeccionó los procesos de 193 instituciones y órganos del sector público.
”La auditoría permitió determinar que el país presenta, al 31 de diciembre de 2020, un nivel de eficacia incipiente en la gobernanza del avance en la implementación de acciones en materia de CPS”, informó la Contraloría.
“No se logran capitalizar los beneficios esperados de las CPS, en cuanto eficiencia del gasto público, productos y servicios con menor impacto ambiental, mercados más eficientes, innovadores y competitivos que mejoren calidad de vida de los ciudadanos, nichos de generación de empleo y mayor dinamización de las economías locales, entre otra serie de oportunidades”, agregó la auditoría.
La investigación señala que existen pocos esfuerzos para organizar actividades que insten a hacer compras según grupos vulnerables y tamaños de empresas. Ocasionalmente, se han presentado esfuerzos en la ejecución de actividades para grupos como mujeres, adultos mayores y jóvenes emprendedores, pero no es algo común.
Para la Contraloría, la evaluación de la eficacia en la implementación de las compras públicas sostenibles es relevante, dado el potencial de estas como motor de desarrollo.
El período de análisis comprendió desde el 1.° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020.
Se determinó que la rectoría en materia de CPS ha sido limitada, ya que no se ejerce dicha función en todo el sector público de manera vinculante, debido a la falta de consolidación de un centro de Gobierno en materia de compras públicas
Para el ente contralor, los resultados no son acordes con lo que estipula el artículo 50 de la Constitución Política, donde se enmarca que el ciudadano tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a una adecuada distribución de la riqueza.
Además, la implementación de políticas que insten a las instituciones y el Gobierno Central a hacer compras sostenibles son esenciales para el cumplimiento de la agenda 2030, la cual busca la erradicación de la pobreza y el bienestar ambiental.
Esto ha ocasionado que exista “débil conocimiento y poca capacitación” de las unidades de Proveeduría en las 18 instituciones que, bajo la rectoría del Mideplán, se encargan de que las compras públicas cuenten con estándares sostenibles.
Compras sin conciencia ni datos
Según el informe de auditoría de la Contraloría, la aplicación de los criterios sociales, ambientales y económicos en los procesos de CPS no son vinculantes para las instituciones, ni para las partes interesadas.
“Existe también un débil control y verificación de declaraciones voluntarias sobre el cumplimiento de criterios sociales, ambientales y económicos en la oferta respectiva y en la ejecución de los contratos de CPS, los cuales son colgados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop)”, indicó la CGR.
También se observó la ausencia de recolección datos necesarios para llevar un registro que clasifique las adquisiciones de bienes y servicios en sostenibles y convencionales, con el propósito de identificar aspectos como ciclo de vida, ecoetiquetado y la categorización de empresas según tamaño. El Sicop no identifica si una compra pública es sostenible.
La falta de información también ha contribuido a que se carezca mecanismos para involucrar a grupos sociales en condición de vulnerabilidad en las compras públicas, con el fin de impulsar y fomentar medidas para su equidad, inclusividad y empoderamiento.
Sobre la poca participación de los grupos más vulnerables en los procesos de compras sostenibles, la Contraloría achaca responsabilidad al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), órganos rectores del sector social.
“No se ha fomentado ni logrado una participación de poblaciones en situación de vulnerabilidad y exclusión como mujeres, personas con discapacidad, jóvenes emprendedores, minorías étnicas y adultos mayores, a pesar de la existencia de acciones afirmativas en política pública para atender a grupos vulnerables al no incorporarlos en la promoción de las CPS”, menciona la auditoría.