‘Impunidad’ por un memorando y el uso de una avioneta

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Los dos casos de falta de sanción legislativa con más repercusión en el país están ligados a un memorando y una avioneta de la Fuerza Pública, la MSP-011.

Sus protagonistas son dos exdiputados del mismo partido, Liberación Nacional, y del mismo periodo legislativo, 2006-2010. Los actores fueron Fernando Sánchez y Maureen Ballestero.

El primer caso fue el del memorando que formularon y enviaron el diputado Fernando Sánchez y el exvicepresidente Kevin Casas a Óscar Arias, exmandatario de la República, y a su hermano Rodrigo, quien fungía como ministro de la Presidencia.

La comunicación proponía acciones concretas para atemorizar a municipalidades y trabajadores si no votaban por el sí al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC).

El semanario Universidad reveló el memorando en setiembre del 2007, a un mes del referendo sobre el TLC.

A pesar de que se plantearon denuncias en contra de los funcionarios públicos, el diputado continuó en su cargo hasta abril del 2010. El directorio de la Asamblea archivó la denuncia.

En el caso de Maureen Ballestero, diputada del PLN, ella utilizó más de 20 veces una avioneta de la policía, la MSP-011, para ir a Guanacaste.

Al menos en una ocasión, específicamente el domingo 11 de octubre de 2009, la empleó para ir a una asamblea provincial de su partido, en Liberia.

Las críticas contra Ballestero fueron muy duras, tanto que la congresista pidió “perdón” en el plenario una semana después.

Una serie de peripecias jurídicas ante el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala IV permitieron a la legisladora salir del Congreso sin una sanción.