Aunque comprende las razones técnicas del Ministerio de Hacienda para plantear que a los libros se les cobre un 4% de impuesto al valor agregado (IVA), el presidente Luis Guillermo Solís dijo este martes que no está de acuerdo con la propuesta.
Así reaccionó Solís al ser consultado por la prensa sobre la propuesta que Hacienda presentó la semana pasada, a la Asamblea Legislativa, para reducir el déficit del Gobierno mediante la transformación del impuesto de ventas en el IVA, lo que implicaría gravar una mayor cantidad de bienes y servicios que hoy están exentos.
"Como profesor, como educador, como un bibliófilo muy mal amansado por mi mamá, que me enseñó a leer cuentos desde muy chiquitico, y como presidente de un país en donde se invierte en educación un porcentaje muy alto de su producto interno bruto (PIB), me parece que mandamos un mensaje que no es positivo al ponerles impuestos a los libros", manifestó este martes, después de la sesión del Consejo de Gobierno.
El presidente adelantó que, por lo tanto, le solicitó al ministro de Hacienda y primer vicepresidente de la República, Helio Fallas, que exonere de impuestos los textos. Solís dijo que Fallas le prometió evaluar su iniciativa y proponer esa modificación al proyecto de ley.
En su propuesta de reforma fiscal que negocia con los diputados, el Gobierno propuso dos tasas del IVA, una del 13% y otra del 4%; esta última se originó porque la mayoría de fracciones legislativas están opuestas a aumentar la tasa en dos puntos porcentuales, hasta un 15%, por lo que esa tasa diferenciada serviría para aumentar la cantidad de bienes y servicios por gravar.
Originalmente, la tasa del 4% del IVA se aplicaría solo a los servicios de educación y salud privados, pero Hacienda propone ampliar la lista. Además de los libros en todos sus formatos (digital o papel), se gravarían los boletos aéreos, los empaques y embalajes, las materias primas para fabricarlos, los equipos y maquinaria y los servicios para la producción agropecuaria y agroindustrial.
La tasa del 13%, en tanto, se aplicaría a servicios como los que brindan los profesionales independientes, los gimnasios, espectáculos, la compra de suscripciones para ver películas y escuchar música vía streaming, a los alquileres superiores a los ¢425.000 mensuales y al transporte de personas, excepto el servicio público.
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El Gobierno de Luis Guillermo Solís no ha tenido éxito hasta ahora en el impulso de iniciativas anteriores para aumentar los impuestos, en parte porque la oposición le exige que primero dé señales de austeridad recortando gastos superfluos y haciendo reformas para limitar pagos de beneficios salariales para los empleados públicos, entre otros esfuerzos.
Las ansias fiscales del Poder Ejecutivo volvieron a acrecentarse a partir de agosto del año en curso, cuando el presidente Solís anunció en una cadena de televisión que su administración debía priorizar gastos ante la imposibilidad de colocar bonos de deuda pública en el mercado interno, a raíz del incremento en las tasas de interés.
Dichas dificultades para captar recursos hicieron que el Ejecutivo incurriera en retrasos para pagar obligaciones sociales, como las becas para que miles de estudiantes pobres se mantengan dentro de las escuelas y los colegios públicos.
Los pocos recursos también llevaron a Solís a emitir una directriz para limitar al máximo el crecimiento del presupuesto del 2018, por el orden de los ¢9.3 billones.