La Contraloría General de la República (CGR) improbó el presupuesto inicial del 2024 de la Promotora de Costarricense de Innovación e Investigación, por incluir recursos insuficientes para cubrir los posibles gastos del periodo de ejecución.
Fue la misma Promotora la que reconoció el incumplimiento al incorporar los datos en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), indica el oficio DFOE-CAP-2659, del 5 de diciembre, en el que la Contraloría notificó la improbación.
En dicha plataforma, la Promotora indicó que: “Debido a las limitaciones presupuestarias y con la entrada en vigencia de la Ley N° 10159, Ley Marco de Empleo Público, no se presupuesta la totalidad de recursos necesarios”.
La información fue incluida en la verificación de requisitos de legalidad presupuestaria que deben cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, para los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría.
El monto que la Promotora presentó a la Contraloría, fue de ¢1.807 millones.
Hasta setiembre del presente año, la Promotora registraba ingresos por ¢1.781,8 millones. La cifra total para 2022 fue de ¢2.173 millones, según datos de la Contraloría.
Como consecuencia de la improbación, la Promotora deberá empezar el 2024 con el mismo presupuesto del 2023, con los ajustes que procedan, por exclusión de los ingresos y gastos que, por su naturaleza, sólo tienen eficacia para el periodo anterior.
Igualmente, la Contraloría advirtió a la Promotora que “en ningún caso podrán eliminarse ingresos o gastos para crear otros nuevos, lo que implica que no pueden darse traslados entre programas”.
La entidad tiene como objetivo promover la innovación, el desarrollo científico y tecnológico a través de la ejecución de instrumentos, programas y otros lineamientos de política pública dictados por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), en su calidad de rector del sector.
Sostenibilidad financiera en duda
Empero, la improbación presupuestaria no es el único problema que enfrenta la Promotora.
En un informe de auditoría, del pasado 20 de diciembre, la Contraloría concluyó que la institución cuenta con “debilidades significativas respecto a su sostenibilidad financiera”, debido a que la entidad proyecta una caída del 11% anual, en promedio, en sus ingresos durante el periodo 2023-2025.
La reducción se debe a que el Micitt no transfiere la totalidad de los recursos, que por ley está obligado a girarle a la Promotora.
La ley 9971, que dio vida a la Promotora, estableció una transferencia del Gobierno de la República no inferior y equivalente al 14% del presupuesto del Micitt, para garantizar su operación ordinaria.
Para el año 2022 el monto total entregado, correspondiente al 14%, fue de ¢1.418,6 millones, mientras que para setiembre del 2023 solo se contabilizaban ¢813 millones, indica el informe DFOE-CAP-IAD-00014-2023.
A la caída en los recursos transferidos, se suma que durante el período 2022-2023, la Promotora no ha generado ingresos por concepto de prestación de servicios a pesar de que su ley constitutiva le asigna dicha potestad.
Retraso en aprobación de plan estratégico
La Contraloría también cuestionó que hasta febrero de 2023 se aprobara el primer plan estratégico de la institución, el cual cubre el periodo 2023-2026, pese a que la entidad existe desde 2021, luego que el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), se transformara en la Promotora.
Al respecto, el órgano contralor indicó que “la ausencia de un plan estratégico durante aproximadamente 2 años, desde su creación, limita disponer de una visión de largo plazo para el cumplimiento de sus fines”.
La consecuencias ya se estarían viendo materializadas; 5 de las 7 metas operativas de los programas sustantivos reflejan bajos o nulos avances en su implementación, según el informe de evaluación presupuestaria al 30 de junio del 2023.
Sin estados financieros auditados
Finalmente, el informe fustiga a la Promotora por no contar con estados financieros auditados para el período 2022, siendo que la última información financiera auditada corresponde al 2020 y en esa ocasión la auditoría externa emitió una opinión con salvedades.
“Las situaciones descritas generan que los estados financieros de la Promotora no presenten la totalidad de la información financiera de manera fiel, útil y oportuna para la toma de decisiones y la rendición de cuentas sobre los recursos financieros propiedad de la Promotora”, advierte.
La Contraloría ordenó a la gerente general de la Promotora, Ana Patricia Rojas Figueredo, desarrollar e implementar una estrategia de sostenibilidad financiera, que tome en cuenta “las brechas existentes, así como las necesidades actuales y futuras para el cumplimiento de sus fines”.
Igualmente, se le instruyó a Rojas tomar acciones para lograr la consolidación de los estados financieros de la Promotora y definir los mecanismos de control para la gestión de riesgos institucionales, entre ellos, los financieros y de corrupción.
Rojas Figueredo responde a una Junta Directiva, que es el órgano superior de la entidad.
Está integrada por el Micitt; el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde); la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep); la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR); la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y dos representantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare).