Tras el anunció de que ya no será ministro de la Presidencia y que no ocupará ningún otro cargo en este Gobierno, la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), descartó que Melvin Jiménez pueda volver a ejercer como obispo de manera "inmediata".
Mediante un comunicado de prensa, el presidente de esa congregación, Gilberto Quesada, aclaró que Jiménez primero debe solicitar su reintegración, pues fue cesado desde abril del 2014, un mes antes de incorporarse al gobierno de Luis Guillermo Solís.
"Nuestra iglesia recuerda que la condición de obispo en ejercicio fue cesada en el caso de don Melvin en abril del 2014, razón por la cual no aplica una reactivación inmediata del ejercicio como obispo", señala el documento.
Agrega que hasta el momento Jiménez no ha solicitado su reincorporación y que si llega a hacerlo, la junta directiva de la ILCO definirá cuáles funciones asumirá.
"Hasta el momento no hemos recibido notificación alguna por parte del hermano Jiménez que muestre su interés de retornar al seno de nuestra iglesia; de proceder así en el futuro, correspondería a la Junta Directiva de la iglesia procesar dicha solicitud a labores pastorales, diaconales u otras dentro de nuestra denominación", afirma el comunicado que al final lleva la firma de Quesada.
La ILCO también reiteró que sigue en firme la decisión que tomó la Asamblea General el pasado 28 de febrero, de oponerse a que miembros del Gobierno ocupen también cargos de coordinación en la iglesia.
El presidente Solís anunció la mañana de este jueves la salida de Melvin Jiménez de su gabinete, aduciendo que sufrió un desgaste tras las críticas de los últimos diez días, luego de conocerse que un asesor suyo colaboró en la divulgación del borrador del proyecto de ley que permitiría al Gobierno hasta cerrar medios de comunicación por el contenido de sus mensajes.
La polémica se avivó aún más, cuando el exviceministro de Telecomunicaciones, Allan Ruiz, dijo que Jiménez le pidió la renuncia por el manejo político de esa iniciativa y, acto seguido, le ofreció una embajada. Esta última aseveración se sumó al escándalo suscitado en enero, cuando la procuradora general, Ana Lorena Brenes, relató que uno de sus subalternos, el entonces viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, le ofreció opciones de embajadas, lo que ella interpretó como una invitación a renunciar.