Cuando haya que repasar el gobierno de Luis Guillermo Solís, será necesario detenerse en su día 165. Un reacomodo de aliados surge como principal efecto político de la rápida intervención policial para reabrir el vital muelle de Moín al anochecer del miércoles 21 de octubre y del manejo posterior de la huelga, que cumple hoy su octavo día.
Desagradaba así al Sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y a sus padrinos políticos del Frente Amplio (FA), cuyos diputados se habían mantenido en estos seis meses cercanos al Gobierno.
Del otro lado, aplausos y elogios se han acumulado durante esta semana desde sectores críticos, como empresarios y sus políticos afines.
La toma de los muelles los sorprendió a 40 horas de iniciada la huelga del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) contra la concesión de una terminal a la empresa holandesa APM Terminals. La huelga continúa mientras se calienta la discusión y personal extranjero contratado ad hoc mantiene en operación el muelle de Moín.
Ni siquiera los gobiernos de Óscar Arias o de Laura Chinchilla actuaron con tanta rapidez, recordaron el diputado Antonio Álvarez Desanti (Partido Liberación Nacional, PLN) y el excandidato presidencial del FA, José María Villalta. La diferencia es que el primero lo dijo como un halago y Villalta no. “Nos hacemos muchas preguntas y nos vemos obligados a reevaluar muchas cosas”, comentó Villalta.
“Si sigue esta línea clara, sin duda puede contar con nosotros”, declaró Álvarez, diputado del PLN y dueño de la segunda firma exportadora de banano y usuaria de Moín.
Solís se aferra al argumento de la seguridad jurídica en la imposibilidad de cambiar las reglas del juego a la empresa APM, que firmó su contrato en el 2005. El proyecto considera la inversión por $1.000 millones en la terminal de contenedores de Moín y la operación privada durante 33 años de exclusividad, lo que el sindicato considera “un monopolio ilegal e inmoral”.
Guerra anunciada
El argumento de Solís no debería sorprender a Sintrajap ni al FA, pues él lo dijo ante líderes sindicales un día de marzo , cuando aún no era presidente electo pero ya veía venir el triunfo electoral. Lo anunciaba a pesar de que su programa de gobierno, en la página 14, hablaba de “renegociación de los contratos de concesión de puertos”.
Esa frase había dado una alegría efímera a Sintrajap. “Buenos días a la comitiva que hoy acompaña al futuro presidente de nuestro país”, dijo sonriente aquel día, Ronaldo Blear, líder de Sintrajap, quien en la campaña vestía la camiseta del FA y siete meses después (este lunes) participó en la quema de un retrato de Solís y tres ministros.
Sintrajap tiene ahora el apoyo de otros sindicatos, como ANEP, el Frente Interno de Trabajadores del ICE, Upins y Sitrapequia (Recope), los cuales hoy anuncian que se retiran del mecanismo de diálogo nacional convocado por Solís.
La manifestación de ayer en la Universidad de Costa Rica (UCR) solo congregó a unas decenas de estudiantes. La opinión pública no parece favorecer a ese gremio, como reconoció José María Villalta, lo que significa un apoyo claro a las acciones del Gobierno, un respaldo que podría compensar críticas recientes en materia económica y de manejo político, sobre todo en el debate del Presupuesto del 2015.
Se asomó así el protagonismo del ministro de Seguridad, Celso Gamboa, viceministro en el gobierno de Laura Chinchilla. Fue él quien decidió intervenir con policías en el muelle, contó Luis Guillermo Solís, quien lo respaldó.
Ahora el vocero gubernamental en este conflicto (en una semana en que Solís salió de viaje a Canadá con el objetivo de atraer inversiones) es el ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, por encima del propio ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, cuyo pasado lo liga más a organizaciones sindicales.
Sin diputado oficialista en la provincia de Limón, el Gobierno decidió contratar en Presidencia a la exlegisladora Carmen Granados. Otra figura ha sido Ann McKinley, presidenta de Japdeva y líder del diálogo en meses recientes con Sintrajap, aunque estaba claro que el conflicto detonaría al hablar de la cláusula de exclusividad de APM.
Entonces, ¿es este un conflicto que atañe al Ministerio de Trabajo? Sí, pues además del posible impacto de la llegada de APM Terminals sobre el desempleo (según Sintrajap), Luis Guillermo Solís se atrevió la semana pasada a anunciar que ejercerá su potestad de renegociar la convención colectiva que gozan los empleados de Japdeva. Fue como echar gasolina a la fogata.
Molestias en Frente Amplio
Los beneficios laborales se mezclaron con el debate en torno a la concesión de APM Terminals, cuyo contrato ahora es difícil de renegociar, como dijo Villalta, quien funge como consejero de diputados.
“Evidentemente, es difícil si hay actitud cerrada del concesionario. N es fácil romper un contrato tan oneroso, pero es que no hemos visto ni siquiera la voluntad del Gobierno de presentar una alternativa”.
Están molestos en el FA. Algo se acaba de romper entre Gobierno y el FA, mientras los “neoliberales”, como los llama esta agrupación, se complacen de haber visto “señales de sensatez” en el Gobierno.
“El Gobierno muestra rumbo; así puede contar con nuestro apoyo”, dijo Álvarez, pero esto no es gratis. El mayor partido opositor de inmediato ligó esta huelga al proyecto de reforma al Código Procesal Laboral (que amplía el derecho a huelgas), vetado por Laura Chinchilla y pendiente de si Solís decide levantar el veto, como lo desea FA.
“Levantar el veto significaría renunciar a la potestad de actuar en el futuro como están actuando ahora, evitando que se afecten servicios públicos”, agregó Álvarez.
El tema cobrará vigencia en noviembre, pues los diputados deben decidir si archivan del todo el proyecto vetado por Chinchilla o si lo mantienen “vivo” para que el Gobierno lo apoye o lo rechace. Y mucha de esa discusión se dará a la luz de lo que ocurra en los muelles de Limón... o de lo que no ocurra.