San José
El Ministerio de Hacienda pidió a los diputados aprobar una partida de ¢115 millones para investigar los documentos contenidos en la filtración conocida como los 'Papeles de Panamá', a fin de determinar si algún contribuyente costarricense evadió el pago de impuestos con ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca.
Con ese dinero, Hacienda pretende contratar a 12 personas, por servicios especiales, con un salario mensual de ¢1,9 millones para cada uno hasta finales del 2017.
Dicho gasto está contemplado en el primer presupuesto extraordinario de la República para el 2016, que el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa hace dos semanas.
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Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos de Hacienda, afirmó que las 12 plazas se cerrarán de manera definitiva una vez que finalice la investigación sobre los archivos del bufete Mossack Fonseca, divulgados el 3 de abril por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Hacienda busca contratar abogados y contadores, entre otros profesionales, para llenar la docena de plazas especiales de forma expedita, en vista de que no son nombramientos permanentes.
El viceministro afirmó que el Ministerio ya descargó de la página del ICIJ los 'Papeles de Panamá', que en el caso de Costa Rica incluye 75.000 documentos ligados al país.
Rodríguez mencionó que los 'Papeles de Panamá' servirán al grupo de investigadores como un indicio para empezar las indagatorias a los contribuyentes que se mencionen en los archivos liberados por el ICIJ.
Fernando Rodríguez dijo que, de la investigación, se descartarán aquellos casos que sobrepasen los cuatro años, tiempo de prescripción en materia tributaria, así como los que no configuren una violación a la normativa fiscal del país.
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En otras partes del mundo, la filtración de los documentos de Mossack Fonseca tuvieron consecuencias políticas y judiciales, al revelarse que políticos, empresarios y deportistas, entre otros, utilizaron los servicios del bufete panameño para mover dinero fuera de su país y no pagar a sus respectivos Estados.
En Finlandia, por ejemplo, el primer ministro Sigmundur Gunnlaugsson se vio obligado a renunciar cuando trascendió que poseía una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas, donde depositó $4 millones que no declaró al fisco de su país.
Justifica el gasto. El viceministro de Hacienda defendió el gasto en que incurrirá el Estado para investigar la filtración de datos.
Rodríguez afirmó que, independientemente de las repercusiones mediáticas que el asunto tuvo en el país, el Gobierno se siente obligado a investigar los 'Papeles de Panamá' en busca de posibles casos de evasión fiscal que llevaría a los Tribunales de Justicia.
"No nos podemos mover por el grado de escándalo que no implica la certeza de éxito en un proceso de investigación tributaria. En la base de datos (del ICIJ) ya nos encontramos dos casos que estaban en cobro judicial y eso nos ha permitido revisar el avance de los expedientes en ese nivel y concentrar esfuerzos para ver si aseguramos el cobro", dijo el jerarca.
Producto del análisis preliminar de esos documentos, dijo Rodríguez, Hacienda ya tiene en la mira tres casos sobre presuntas evasiones fiscales.
Uno de esas posibles violaciones sería por ¢6.000 millones. Sobre las otras dos, el viceministro no ofreció ningún dato.
Además, Hacienda ya coordina acciones con el Ministerio Público para cobrarle a un contribuyente moroso, adelantó el viceministro.
"Este es un proceso en el que algunas circunstancias podrían implicar que se tenga que empezar a investigar sobre todo cuando no exista la claridad para apartarlas, como en casos donde evidentemente no hubo una falta y, en otras, probablemente el proceso de investigación implique que finalmente no se va a tener que seguir ahondando en el caso porque no se encontró nada. Por eso habrá una investigación previa", concretó el jerarca.
Diputados opinan. La autorización de este gasto divide a los diputados.
Francisco Camacho, diputado del Frente Amplio que integra la subcomisión de Haciendarios, afirmó que se justifica: "Es importante que Hacienda tenga las herramientas y el criterio para investigar estos temas, en momentos en que se ha expresado con claridad que en el país tenemos serios problemas de fraude y evasión fiscal. Consideramos importante que se pueda llegar por lo menos al inicio de una investigación que podría ser profunda".
Su compañero de subcomisión, Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), discrepa de su criterio. "Creo que este Gobierno no tiene claras sus prioridades. Con ese monto de los ¢115 millones contratamos a 50 policías más. El tema es importante de la evasión fiscal es importante, pero me parece que hay más cosas más prioritarias hoy en día", defendió el legislador.
Apenas el 7 de junio pasado, Casa Presidencial le pidió a los diputados ayuda para la creación de 2.300 nuevas plazas para los cuerpos de policía.
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Rolando González, de Liberación Nacional (PLN), quien integra la Comisión de Asuntos Hacendarios, dijo que en las próximas dos semanas su partido decidirá si respalda o no la petición del Gobierno para la creación de las 12 plazas.
González es parte de la comisión especial que creó el Parlamento para estudiar el escándalo que envuelve al bufete Mossack Fonseca.
Ese panel recibió el lunes pasado al viceministro Rodríguez. El próximo lunes, escuchará al director general de Tributación, Carlos Vargas.
El diputado verdiblanco dijo que, será después de esa comparecencia, que tendrán un juicio más amplio para decidir si se justifica la petición de Hacienda de gastar ¢115 millones en la investigación de los 'Panama Papers'.
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