El Ministerio de Hacienda está haciendo los cálculos para determinar en cuánto podrían debilitar a la reforma fiscal las peticiones que los diputados hicieron en la primera reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno.

El acuerdo inicial entre el Poder Ejecutivo y los voceros de las fracciones políticas es que se haga una lista de las sugerencias de reformas solicitadas por los legisladores y calcular el impacto específico que tendrían en el rendimiento que, en principio, tendría la versión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de la ministra Rocío Aguilar.

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, y el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, explicaron que esos cálculos se presentarán en la segunda reunión de la mesa de diálogo, que originalmente se había previsto para el viernes, pero se suspendió.

“Vamos a hacer los números. Nos parece que esto es un tema importante. El objetivo del proyecto siempre fue tener un mínimo de recaudación, ese mínimo va en función de la mezcla de propuestas que tiene. Hasta que tengamos claramente establecido el costo de las propuestas, vamos a poder hacer las valoraciones del impacto de las propuestas de modificación de los diputados”, dijo Acosta.

Aunque la Comisión de Reforma Fiscal ya tramitó 854 mociones al plan fiscal, la mesa de diálogo del Gobierno con los diputados ha trabajado con la versión del plan fiscal de la ministra Aguilar, que fue la primera moción desechada en la comisión especial.

En esa iniciativa, se mantenía el impuesto a la canasta básica que ya el gobierno de Luis Guillermo Solís había introducido en el texto, pero además plantea la implementación de la renta global y de un límite a la cantidad de intereses que las empresas pueden deducir en sus declaraciones del impuesto sobre la renta.

También se mantiene en la propuesta de Aguilar el 13% para la gran mayoría de bienes y servicios, así como una tarifa reducida del 4% para otros servicios y una del 2% para la canasta básica, por ejemplo.

“Quedamos en hacer una lista de las dudas que tienen los diputados, en relación con la propuesta de la señora ministra y, a partir de ahí, ver cuáles de las observaciones que ellos hacen tienen un impacto desde el punto de vista recaudatorio. De ese análisis, vamos a plantear cuáles serían aceptables o qué podríamos hacer para compensar las que tengan un impacto grande sobre la recaudación”, explicó el viceministro de Ingresos.

Rodolfo Piza indicó, a la salida de la primera reunión, que desde este jueves 19 de julio trabajarían en Hacienda para hacer el cálculo de las propuestas y agregó que la administración de Carlos Alvarado pretende encontrar el “mejor proyecto, que tenga la garantía de recaudación necesaria para cubrir el déficit fiscal que está enfrentando el país”.

El ministro de la Presidencia tiene la esperanza de que la negociación política apenas los lleve a hacer “pequeños ajustes” que no tengan un impacto tan serio sobre la recaudación que podría haber hecho la propuesta tal como se pretendía originalmente.

Según Piza, podrían tener un texto consensuado para el 2 de agosto.

Dudas del PLN

Entre las peticiones que las diferentes fracciones hicieron, Liberación Nacional (PLN) pidió analizar la posibilidad de bajar de un 4% a un 2% la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) que se cobraría a medicamentos, lo mismo que para la salud privada.

La diputada Silvia Hernández explicó que, aunque les interesa que el tributo para la educación se mantenga en un 4%, quieren que se valore qué pasaría si se reduce la tarifa del impuesto. También hablan los liberacionistas de llevar a la baja el IVA para las primas de los seguros de riesgo, para dejarla en un 4%, como en la propuesta original de abril.

“Queremos que nos expliquen qué significa Gobierno contribuyente, sobre todo en el mecanismo de devolución y su impacto para las municipalidades. En canasta básica, mantenemos el 2%, pero hay gente en la fracción que quiere saber qué pasa si baja a un 1%. Estamos dispuestos a hablar de reducciones si no entorpece esto el equilibrio de la reforma”, dijo la congresista.

Parte de las fuertes dudas de Liberación Nacional están en la propuesta de renta, tal como ya lo había dejado claro el excandidato presidencial verdiblanco, Antonio Álvarez Desanti, en un artículo de opinión del 9 de julio en La Nación.

En su artículo, el exdiputado plantea que no se puede establecer que se paguen ganancias de capital retroactivas a la ley, “cuando lo correcto y urgente es que se otorguen seis meses para que los contribuyentes puedan revalorar sus bienes” y sobre esa nueva base se cobren los impuestos sobre las ganancias de capital a futuro.

Además, se opone el líder del PLN a que se limiten los intereses que los empresarios pueden deducir del impuesto sobre la renta, porque dice que “en nuestro país las empresas están muy endeudadas”.

“A la Tributación, la ley le permite rechazar los préstamos no vinculados al negocio, por ello no necesita esta norma para alcanzar su objetivo”, alega Álvarez Desanti. En su artículo, el excandidato habla del tratamiento en el plan fiscal de la canasta básica, la educación, la salud, la electricidad y el agua pero en segundo plano.

Particularmente, Hernández afirmó que quieren saber más de la definición de “asimetrías híbridas” y del mecanismo de aplicación de la renta global.

“Estamos conscientes de que es una norma BEPS (la de asimetrías), pero la redacción parece una copia traída de fuera y no se entiende”, dijo la legisladora.

En cuanto a la norma para limitar el porcentaje de intereses deducibles del impuesto sobre la renta, Liberación sigue en alguna medida las pautas marcadas por Antonio Álvarez, pero le plantea a Hacienda que se pueda incluso subir el límite al 30%, pues Hernández dijo que ya la ministra Aguilar había dicho que los parámetros internacionales oscilan entre un 10% y un 30%.

“Queremos saber si se mantiene o si habría posibilidades de ir al límite superior, el 30%”, expuso la diputada.

Hernández alegó que la principal duda sobre el título del empleo público se centra en que Hacienda determine si el tope de cesantía será el establecido en el Código de Trabajo, de ocho años, o si existe un portillo para que por la vía de la convenciones colectivas, a futuro, se permita hasta 12 años.

Peticiones del PUSC

Las peticiones que Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le presentó al Gobierno en la mesa de diálogo son muy similares a las liberacionistas, a diferencia de que ellos sí piden directamente que se baje la tasa del IVA para medicamentos, del 4% al 2%, y no solo sugieren que se analice la posibilidad.

También piden que se devuelva el IVA con tasa del 4% en salud privada, también cuando se pague en efectivo, o bien que se baje al 1%. Esa misma tarifa reducidísima la quieren para la educación privada.

Los rojiazules prefieren que la canasta básica quede exenta o, si no, con una tasa del 1% del IVA.

En cuanto a los servicios públicos, proponen que se grave la luz y el agua, pero solo el excedente sobre las cantidades límite exentas. Para la electricidad, la exención llega a 250 kilovatios hora y para agua, 30 metros cúbicos. En ese sentido, quieren que solo se pague IVA sobre los kilovatios o metros cúbicos que pasen del límite.

El PUSC quiere eximir del impuesto a las primas de seguros agropecuarios, a las comisiones de las operadoras de pensiones y los alquileres de locales que paguen las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

También la Unidad plantea 4% para seguridad privada y 2% para actividades agrícolas, pero eximir la maquinaria y equipo de agro, así como los productos agropecuarios y los insumos agrícolas.

En cuanto a la renta, la petición de Muñoz y compañía se centra en eximir los beneficios y las prestaciones del sistema de pensiones del pago del tributo sobre la tena, y la exclusión de las pensiones de las rentas de capital inmobiliario.

Además, se solicitó incluir las contribuciones especiales y parafiscales entre los deducibles del impuesto. Para las cooperativas, quieren el beneficio de bajarles la tasa propuesta, del 15%, a una del 7%.

A diferencia de Liberación, la Unidad sí tiene una lista gruesa en asuntos de empleo público, como la de limitar totalmente la cesantía a ocho años, unificar los 14 regímenes de empleo existentes y aplicar el salario único.

El techo de los salarios propuestos para jerarcas que promueve el PUSC sería de 15 salarios base. En cuanto a convenciones colectivas, hablan de no dar un plazo mayor a cuatro meses para negociarlas y que se obligue a los jerarcas institucionales a que las denuncien.

También buscan aprovechar el expediente 20.580 para eliminar el enganche salarial existente para los profesionales en ciencias médicas y legalizar UBER, para luego meterle un 13% del IVA.

El camino de Restauración

Apenas definieron una posición respecto a la iniciativa fiscal propuesta por el gobierno de Carlos Alvarado, los diputados de Restauración Nacional informaron que lucharían contra el impuesto al valor agregado sobre los productos de la canasta básica y ya habían dicho que, de no aprobarse sus mociones en la Comisión Especial de Reforma Fiscal, no darían los votos para ayudarle al Gobierno.

Efectivamente, en ese foro fiscal se desecharon todas las propuesta de cambio a la reforma fiscal para eliminar el tributo sobre la canasta básica y, en consecuencia, Carlos Avendaño dijo que no aportarán sus votos para el texto sustitutivo que negocia el Gobierno con los diputados.

El Partido Restauración Nacional (PRN) quiere específicamente dejar exentos los medicamentos, la salud y la educación privadas, y que la canasta básica tenga tasa cero con “deducción plena”.

Al igual que el PUSC, pretenden que se grave el agua y la luz, pero solo aplicando el porcentaje sobre el excedente por encima de los 250 kilovatios y por encima de los 30 metros cúbicos. Además, quiere elevar el techo de la exención para los alquileres a 1,5 salarios base, o sea, ¢646.500 y no ¢430.000 como se quiere ahora.

Si bien Avendaño ya se adelantó a decir que no darán los votos por la nueva versión de la reforma fiscal, apuntó que sí estarán en la mesa de diálogo de la reforma fiscal.

Como se suspendió el encuentro previsto para el viernes, queda pendiente definir si la mesa del Gobierno con los diputados se alistará el próximo lunes.