El Movimiento Diversidad considera que el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís cumplió con los compromisos que adquirió para erradicar la discriminación por diversidad de género.
Para el activista Marco Castillo, presidente de esa agrupación, hay cuatro hechos que según él dan sustento a la percepción de satisfacción del sector de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersexual (Lgtbi) que representa su movimiento.
El primero de los momentos que cita es el izamiento de la bandera de la diversidad en la Casa Presidencial, el 16 de mayo del 2014, apenas una semana después de que Solís asumiera el poder.
Ese gesto en favor de los gais enojó a los sectores conservadores de la sociedad. No obstante, según Castillo, no provocó que el Gobierno cantara su retirada de las políticas en pro de los Lgtbi.
“Tan importante fue ese gesto que el entonces secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, felicitó al gobierno por su decisión de izar la bandera en Casa Presidencial”, comentó Castillo.
El líder gay agregó que otra de las acciones que le agradecen a este gobierno es el haber emitido una decreto ejecutivo y una directriz presidencial para obligar a las instituciones del Gobierno Central y a las descentralizadas a emitir reglamentos internos contra la discriminación por preferencia sexual.
Directriz. A raíz de esa orden, por ejemplo, la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, instruyó a sus dependencias, el 10 de enero pasado, para que en un plazo de dos meses hagan los ajustes internos para garantizar a los funcionarios de la autónoma y a los usuarios que serán reconocidos por su identidad de género en todos los sistemas y documentación institucional, para que se establezcan mecanismos para que los empleados y usuarios sean reconocidos por la entidad de acuerdo con la identidad de género que soliciten, entre otras acciones para evitar la discriminación.
La directriz que dio origen a esas acciones (la 025-P), que data de mayo del 2015, puso a la cabeza de las políticas antidiscriminación del Poder Ejecutivo a la segunda vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón y a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.
Los otros dos hechos que resaltó Castillo son una directriz del 2015 para que todo paciente con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) reciba de parte del Estado el tratamiento retroviral necesario para combatir la enfermedad y una consulta que hizo el gobierno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre si debe reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo y sobre cómo ejecutar políticas de género relacionadas con el cambio de identidad.
“En lo que estuvo a su alcance por la vía administrativa, este Gobierno cumplió con la comunidad Lgtbi”, concluyó Castillo. Empero, el abogado lamentó que la bancada de gobierno en la Asamblea Legislativa no haya impulsado con igual interés los proyectos de ley que interesan a su grupo.
Así, por ejemplo, Castillo señaló el poco avance que tuvieron propuestas legislativas sobre las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.
“Hay que ser realistas y reconocer que el Partido Acción Ciudadana (PAC) no tuvo mayoría en la Asamblea. Habrá que esperar”, lamentó.