El Gobierno y los diputados de Costa Rica repudiaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de eliminar, en la práctica, el Congreso y asumir sus competencias.
Los diputados aprobaron, este jueves, dos mociones sobre los hechos en Caracas: una para condenar la decisión de los magistrados de despojar de la inmunidad a los legisladores de ese país y otra para pedirle al Gobierno costarricense el retiro de su representación diplomática en Caracas.
En la moción de condena, promovida principalmente por los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), se critica la determinación tomada por el Tribunal de habilitar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para tomar las medidas “civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales” que estime pertinentes contra los diputados.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, a nombre del Gobierno, indicó que "Costa Rica considera que estas decisiones son inadmisibles y decepcionantes, por ser contrarias a la esencia de la democracia y, aceleran el deterioro de la gobernabilidad democrática en ese país".
"Las democracias deben garantizar y fortalecer, la separación e independencia de los poderes del Estado, los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
"Costa Rica considera que es en la Organización de Estados Americanos donde debe encontrarse una solución justa, pacífica y afianzada en la fuerza del multilateralismo. Desde esta perspectiva, ratifica su disposición de continuar decididamente los esfuerzos para que, en el seno de ese foro, se atienda y solucione sin demora alguna la muy grave situación en ese país hermano, al amparo de los instrumentos jurídicos y diplomáticos aplicables".
El comunicado no se pronunció sobre el pedido de los diputados para retirar al embajador en Caracas.
Para los diputados costarricenses promotores de la censura, la decisión del Supremo de Venezuela constituye una violación al régimen democrático y al principio de separación de los poderes.
Por ello, en la moción, solicitaron al gobierno de Luis Guillermo Solís que pida la aplicación de la carta democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), además de exigirle al gobierno venezolano que respete el principio de separación de poderes.
La Carta Democrática es un mecanismo de diálogo de la OEA que se utiliza cuando la democracia de un Estado miembro está en peligro, y que puede conducir a sanciones como la expulsión de ese país de la OEA.
A favor de esa primera moción estuvieron 12 legisladores liberacionistas, cinco del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), tres del Partido Renovación Costarricense, tres del Partido Social Cristiano (PUSC), tres del Movimiento Libertario y uno de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), para un total de 27 votos.
En contra votaron cuatro del PAC y ocho del Frente Amplio.
La segunda moción tuvo una votación más ajustada, 20 a favor y 18 en contra. Su objetivo es, al igual que la primera, condenar la “violación al régimen democrático” por un acto que los congresistas consideran una especie de “golpe de Estado” y pedir a la Presidencia de la República el retiro de la representación diplomática costarricense en Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, declaró la nulidad de los acuerdos de la Asamblea Nacional y revocó las inmunidades a sus miembros. Además, eliminó los poderes constitucionales de esa Asamblea, en violación del principio de separación e independencia de los poderes del Estado.
Costa Rica considera que estas decisiones son inadmisibles y decepcionantes, por ser contrarias a la esencia de la democracia y, aceleran el deterioro de la gobernabilidad democrática en ese país.
Desde hace mucho tiempo, la comunidad internacional hace esfuerzos de buena fe para atender esa crítica situación. Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia atentan contra el espíritu constructivo de las seis declaraciones conjuntas emitidas por varios países, entre ellos Costa Rica sobre los desafíos de la gobernabilidad democrática en la República Bolivariana de Venezuela, del 23 de marzo del 2017, 1 y 15 junio del 2016, 11 de agosto del 2016, 21 de octubre del 2016 y 16 de noviembre del 2016.
Las democracias deben garantizar y fortalecer, la separación e independencia de los poderes del Estado, los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
Costa Rica considera que es en la Organización de Estados Americanos donde debe encontrarse una solución justa, pacífica y afianzada en la fuerza del multilateralismo. Desde esta perspectiva, ratifica su disposición de continuar decididamente los esfuerzos para que, en el seno de ese foro, se atienda y solucione sin demora alguna la muy grave situación en ese país hermano, al amparo de los instrumentos jurídicos y diplomáticos aplicables.