Tras seis horas y 20 minutos de negociaciones, los dirigentes sindicales salieron anoche del despacho presidencial, en Zapote, con una nueva negativa del Gobierno a decretar un aumento salarial superior a los ¢5.000 para este semestre.
Cuatro recesos y muchos cafés después, el Poder Ejecutivo rechazó una propuesta de los gremios para aplicar un ajuste del 1,9% en el segundo semestre del año retroactivo a enero.
Los sindicatos pretendían que se les reconociera la diferencia entre la inflación y los ¢5.000 ya otorgados por decreto.
Eso sí, las 17 personas que representaron a los empleados en la cita salieron con el compromiso del Gobierno de someter a consulta el proyecto de ley de empleo público.
Las negociaciones serán retomadas en 15 días, una vez que los representantes de los sindicatos consulten a sus bases.
Beatriz Ferreto, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), sostuvo anoche que esto es un logro importante y, que por ahora, no hay llamado a huelga.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, manifestó que si en tres meses no hay un acuerdo sobre la ley de empleo público será enviada a la Asamblea Legislativa.
El Gobierno también se comprometió a modificar un decreto ejecutivo para separar la rectoría de empleo público de la Autoridad Presupuestaria de forma que no se afecten las competencias de la Comisión Nacional de Salarios del Sector Público (CNSSP). Esta era otra d e las demandas de los sindicatos.
En la cita, a la cual no asistió la presidenta Laura Chinchilla, ni siquiera se permitió el ingreso de fotógrafos ni camarógrafos.
El Poder Ejecutivo estuvo representado por los ministros de Hacienda, Fernando Herrero; de Educación, Leonardo Garnier; de Trabajo, Sandra Piszk; y de Comunicación Roberto Gallardo.
Ayer, los líderes sindicales llegaron para comunicar el rechazo que sus bases dieron al acuerdo provisional alcanzado en ese mismo recinto, el 20 de febrero.
Según ellos, los trabajadores no están dispuestos a aceptar los ¢5.000 de alza salarial decretada por el Gobierno para el primer semestre de este año.
Por eso llegaron con una nueva propuesta, que aparentemente, tenía pocas coincidencias con las expectativas de la mandataria.
Dichas diferencias encienden de nuevo las alertas sobre una huelga indefinida de los trabajadores públicos, que afectaría principalmente a los estudiantes de escuelas y colegios de todo el país.
Alivio temporal. Los representantes laborales llegaron a la cita anterior con la misma amenaza de huelga bajo la manga.
No obstante, las tensiones bajaron con el acuerdo provisional de aceptar el alza, con el compromiso de que se discutiera en conjunto el proyecto de ley de empleo público.
Anoche, Alexánder Ovares, de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), manifestó que si bien hubo un avance importante en las negociaciones, sigue pendiente el tema de los ¢5.000.