El Gobierno se comprometió este mediodía, ante los jefes de fraccción del Congreso, a parar los gastos en publicidad de todo el sector público, incluyendo ministerios e instituciones descentralizadas, y a enviar a más tardar en un mes una propuesta de recortes al gasto público mediante un presupuesto extraordinario.
Ese fue el avance de la tercera visita que hacen los jerarcas de la Presidencia y de Hacienda a la reunión de los jefes parlamentarios, en busca de un acuerdo para tramitar una reforma fiscal por la vía rápida.
Pese a la promesa gubernamental de frenar gastos, aún las bancadas no dan el brazo a torcer.
Fracciones de tamaño importante, como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, junto con el Movimiento Libertario, piden separar la propuesta en dos paquetes separados: uno de reformas sobre gasto público y otro sobre los impuestos; además, exigen empezar primero el trámite del paquete de gastos, incluso aceptando que sea con el trámite abreviado.
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, evita decir que haya decepción y trata de mantener un discurso optimista. Eso sí, dijo que el Ejecutivo no acepta poner un tema por delante del otro, sino que exigen a los legisladores la posibilidad de que avancen los dos paquetes en paralelo.
El ministro de Hacienda, Helio Fallas, prefiere ver con optimismo las propuestas y las exigencias parlamentarias, pues dijo que siempre las fracciones han manifestado la voluntad de colaborar en las tres reuniones consecutivas que han tenido en las últimas tres semanas.
Sobre el freno a la propaganda, exigencia lanzada principalmente por el Partido Liberación Nacional (PLN), Fallas y Alfaro explicaron que se trata de una decisión administrativa, que no implica ninguna reforma presupuestaria, sino principalmente una directriz.
"Hemos anunciado que el Gobierno toma la decisión de, a partir del 1.º de setiembre, adoptar las normas obligatorias para las elecciones en cuanto a publicidad. Esto significa una reducción muy sustantiva en publicidad. Lo pusimos sobre la mesa como una de las peticiones de los diputados, uno de los gestos que querían ver. Ahí está. Se hará efectivo", explicó Alfaro.
"Seguiremos insistiendo con el tema fiscal. Llama la atención que las tres oportunidades, todos los partidos se han mostrado con ganas de colaborar, pero eso no se ha traducido en decisiones y ese es el tema", añadió Helio Fallas.
El titular de Hacienda dijo esperar que, ante las señales del Ejecutivo, los diputados tomen acciones.
"Sí hay algo concreto, porque se tenía inicialmente un proyecto y, a solicitud de algunos diputados, se van a presentar dos proyectos separados, prácticamente de forma inmediata. Hemos ido respondiendo a consideraciones de los señores diputados. Eso es el caso de la publicidad, nos lo pidieron y lo hicimos. Nos pidieron que separáramos el proyecto, y lo hacemos. Queremos saber si ellos van a tomar decisiones", continuó el ministro.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, explicó que no habrá un acuerdo para la vía rápida sin analizar a profundidad el texto de la reforma, que por ahora no está presentada oficialmente en el Congreso.
Ramírez coincide con la vicepresidenta de la Asamblea, la libertaria Natalia Díaz, en que la propuesta para limitar pluses que presentó el Ejecutivo es débil y que se le deben incluir más, entre ellas una para limitar la cantidad de años que se pagan por cesantía, pues Díaz comentó que en algunas instituciones se reconocen hasta 20 años y no ocho, como en el sector privado.
"No hay ningún acuerdo aún. Creemos que el Gobierno tiene que seguir liderando y buscar una propuesta que tenga el acuerdo de todas las fracciones, de manera que podamos avanzar y que tenga los votos suficientes en el plenario para un proyecto.Estamos dispuestos a construir y buscar una posición de un acuerdo", añadió Paulina Ramírez.
La libertaria apuntó que se debería incluir reformas a las convenciones colectivas en la discusión y dice que su partido apoya la regla fiscal que solicitó el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por la vía de una reforma constitucional, para establecer sanciones puntuales a funcionarios que no cumplan con lo establecido.
"Si por ley hay destinos específicos que amarran el Presupuesto y a la hora de discutir el plan de gastos, en noviembre, el porcentaje de esas partidas no puede aplicarse, porque sobrepasa el déficit establecido por la regla fiscal, entonces queremos que por vía del Presupuesto se pueda modificar las partidas", comentó Díaz.
La congresista también cree posible establecer, por vía legal, que el Gobierno le dé instrucciones presupuestarias a las instituciones autónomas, cuyos gastos actualmente no están incluidos en el plan de gastos que se tramita y discute en el parlamento.
El ministro de la Presidencia añadió que se tendría que analizar qué pasa con los contratos ya firmados y que impliquen publicidad durante setiembre, pues la promesa del Gobierno es implementar la medida un mes antes de que empiece la prohibición legal de que el Ejecutivo haga publicidad durante la campaña electoral, que inicia el 4 de setiembre.
Aunque Sergio Alfaro mantuvo el 31 de agosto como el plazo para definir si habrá vía rápida para los planes fiscales, aceptó que aún deben hacerse muchas negociaciones para determinar si se logra la ruta corta para los proyectos, que requiere la votación de 38 legisladores.
El Presupuesto Nacional de este año fue de unos ¢9 billones (millones de millones) y, luego, fue aumentado en ¢78.000 millones mediante un presupuesto extraordinario para crear, entre otras cosas, unas 850 plazas en el PANI.
Aunque Sergio Alfaro mantuvo el 31 de agosto como el plazo para definir si habrá vía rápida para los planes fiscales, aceptó que aún deben hacerse muchas negociaciones para determinar si se logra la ruta corta para los proyectos, que requiere la votación de 38 legisladores.