El Gobierno incumpliría con la regla fiscal en el 2022 si los diputados le aprueban el paquete de ¢90.650 millones adicionales planteado por el Poder Ejecutivo, dentro del Presupuesto Nacional, para inversión social e infraestructura.
Así lo indicó el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, al responder consultas de la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la liberacionista Ana Lucía Delgado, sobre el dinero solicitado por los ministerios de Hacienda y Presidencia, el cual se financiarían casi en su totalidad con deuda interna.
Si los congresistas avalan el requerimiento, plasmado en cuatro mociones de fondo presentadas por el Partido Acción Ciudadana (PAC), “el gasto total se incrementaría en ¢90.650 millones, con lo cual se estaría superando el límite de gasto total máximo, comunicado por el Ministerio de Hacienda en la presentación del proyecto de presupuesto 2022″, dice la respuesta técnica.
De esa forma, se estaría incumpliendo con la regla fiscal que estableció un tope de crecimiento al gasto del 1,96% para el próximo año.
Como el presupuesto original planteado por Hacienda aumentan en un 1,79%, previo a este ajuste, al Gobierno solo le queda un margen para crecer en ¢11.767 millones para llegar al tope.
“Por tanto, de aprobarse las mociones mencionadas, se estaría incumpliendo la regla fiscal en un monto aproximado a los ¢78.882 millones, según los datos brindados por el Ministerio de Hacienda”, sentencia la respuesta elaborada por José Rafael Soto.
Además, el déficit primario pasaría de ¢433.000 millones (1,07% del PIB) a ¢523.129 millones (1,30% del PIB) y, el déficit presupuestario pasaría de ¢2.649.335 (6,57% de la prpducción) millones a ¢2.739.395 millones (6,79% de la producción), añade la respuesta.
En ambos casos, la comparación se realiza a partir de los datos consignados por el Ministerio de Hacienda en el proyecto de presupuesto 2022, aclara la respuesta.
En cuanto a la deuda, esta se incrementaría en ¢90.060 millones, dijo Soto.
En tanto, la Contraloría General de la República (GGR) estimó que el 99,4% de el gasto extra solicitado por el Poder Ejecutivo se financiaría con deuda interna. Además, el ente contralor dijo que ¢65.036 millones aumentarían gasto de capital y ¢29.614 millones el gasto corriente.
“Al respecto, estos incrementos implicaría que el gasto total (entendido como la suma del gasto corriente y de capital) crezca un 2,90% en comparación con la Ley inicial de presupuesto 2021, porcentaje que es superior al 1,96% permitido para dar cumplimiento a la Regla Fiscal”, advirtió el ente contralor.
Adicionalmente, la CGR observó que los nuevos recursos generarían un aumento de ¢94.651 millones (0,2% del PIB) en el déficit financiero y en el déficit primario. En cuanto al déficit de cuenta corriente. presenta un crecimiento de ¢29.024 millones (0,1% del PIB).
En sus respuestas, Análisis Presupuestario y la CGR no se refieren a lo interpretado por Luis Diego Wesileder, el asesor del ministro de Hacienda, Elian Villegas.
El abogado interpretó que Ley N.° 9941 establece la obligación de transferirle al PANI el 5% de lo recaudado por el impuesto sobre la renta y, a la vez, que una quinta parte de esa transferencia fuera directo a la Red de Cuido. Esto dejaría unos ¢52.000 millones del movimiento solicitado por Hacienda fuera de la regla fiscal.
Análisis Presupuestario de la Asamblea dice que le corresponde al departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa interpretar leyes y, en el caso del Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República (PGR).
En la misma nota, Análisis Presupuestario recordó que el único procedimiento correcto para desaplicar la regla fiscal consta en el Título IV de la ley de reforma tributaria del 2018.
En su artículo 6, este apartado contiene algunas excepciones como los fondos del IVM de la Caja o la factura petrolera de Recope. En tanto, el numeral 16 contiene una válvula de escape de las instituciones en casos de emergencia nacional.
Por su parte, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea añadió que el PANI no está excluida de la regla fiscal. Sin bien los recursos que recibe por destinos específicos se incorporan al presupuesto nacional, estos tienen una regulación especial, apuntó.
“El PANI y cualquier otras Institución del sector social está obligada a cumplir la regla fiscal en el conjunto y en la integralidad de su presupuesto (que reiteramos que no es de aprobación de la Asamblea Legislativa), pero en cuanto a los recursos con destinos específicos que vienen por vía de transferencias directas en el presupuesto nacional, estas transferencias tienen un tratamiento especial que garantiza su giro efectivo.
“El PANI no puede ser excluido de la aplicación de la regla fiscal por una simple interpretación, pero la misma ley de la regla fiscal garantiza el giro de transferencias a estas instituciones para el cumplimiento de sus fines. Sin embargo, en ese caso deberá atenerse a lo regulado expresamente por el artículo 15 de la ley, que en esencia también significa una aplicación o limitación a esos giros ‘según disponibilidad presupuestaria’”, reza el análisis técnico.
Consultado al respecto, el ministro Villegas destacó que el análisis técnico del Congreso no se refiere a la interpretación de la aplicación de la Ley 9942. Acto seguido, respaldó el criterio de su asesor, en el cual se basa su cartera para solicitar recursos adicionales.
“Aquí no se está excluyendo de regla fiscal. Técnicamente hablando lo que se hace es una aplicación de un principio distinto de vigencia de la ley en el tiempo. No se recurre para nada al Título IV”, explicó el ministro.
Amparado en ese criterio, de última hora, al filo de las 5 p. m. del viernes, día en que se cerraba el plazo para que los diputados presentaran mociones de ajuste al presupuesto, el Gobierno solicitó los más de ¢90.000 millones adicionales, según un oficio enviado a los diputados, con el siguiente desglose:
- ¢27.000 millones para el programa de becas estudiantiles Avancemos,
- ¢32.160 millones a la Red de Cuido.
- ¢20.000 millones para el régimen de pensiones no contributivas administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
- ¢8.000 millones al Consejo Nacional de Vialidad.
- ¢2.900 millones al Poder Judicial para incorporar 413 plazas como parte del cuplimiento de la ley que crea la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
- ¢590 millones al Ministerio de Cultura.