En una cita a primera hora de este lunes, apenas al regreso de los días libres por Semana Santa, Luis Guillermo Solís reunió a los jefes de las fracciones legislativas para hablar de varios proyectos de ley urgentes para el Gobierno.
El fundamental es el expediente legislativo 19.951, una reforma a la Ley de Estupefacientes para introducir la regulación de varias actividades profesionales no financieras que se consideran, según las normativas internacionales, riesgosas para el flujo de dinero irregular.
Se trata de casinos físicos y virtuales, los abogados y notarios, las agencias de bienes raíces, los comerciantes de piedras preciosas, entre otros.
El Poder Ejecutivo citó a representantes de las nueve fracciones legislativas y diputados independientes para conocer la posibilidad de que esa iniciativa legal se apruebe antes del 25 de abril.
Ese día, el Estado costarricense debe reportar ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances en la regulación de esas actividades riesgosas, en una reunión que tendrá lugar en Miami, Florida.
A la cita, en la Casa Presidencial, acudieron los voceros del Partido Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Restauración Nacional, Alianza Demócrata Cristiana y la independiente Carmen Quesada.
Faltaron a la reunión el representante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, y el de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Óscar López.
La iniciativa para regular esas actividades profesionales implica que los prestadores de ese tipo de servicios, o la venta de ciertos bienes se registren ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Todas las actividades se deben reportar ante la Conassif, para dar trazabilidad a ciertas operaciones que podrían implicar lavado de capitales o, incluso, financiamiento del terrorismo, según lo explicó Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Ante la excitativa hecha por el presidente Solís y el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, la jefa de la fracción del PLN, Maureen Clarke, aseguró que su partido está comprometido con esas reformas y que solamente promueve ciertos ajustes en el proyecto de ley, entre ellas la de incluir las casas de empeño entre las actividades por regular.
Por su parte, Edgardo Araya, jefe de fracción del Frente Amplio, aseguró que están de acuerdo en hacerle ajustes al plan, pero advirtió de que serán vigilantes de que no se cuele ningún portillo inadecuado en la iniciativa. "El diablo está en los detalles y seremos vigilantes de esos detalles", apuntó Araya.
De no haber avances antes de la fecha en que Costa Rica debe reportarse ante el GAFI, el país estaría de nuevo a las puertas de ingresar a la lista de países que no cooperan contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
En esa lista actualmente parecen Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Iraq, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Panamá había sido incluirá después de la tercera ronda de evaluaciones, pero fue excluida de la infame lista luego de ajustar su marco normativo, en febrero del 2016.
Araya comentó que, luego de que Panamá había sido incluida en ese registro, se fueron 15 inversionistas financieros, y añadió que si de Costa Rica se fueran tan solo cinco, el país estaría en problemas.
Además de esa iniciativa, el Gobierno solicitó la aprobación del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que también ayudaría para una mejor evaluación del país ante el GAFI.
Esta propuesta crearía una jurisdicción especial para decomisar bienes a personas físicas y jurídicas sospechosas de crimen organizado, solo con que hayan justificados argumentos de parte de las autoridades judiciales.
La liberacionista Clarke y la independiente Quesada alabaron, además, el compromiso del presidente Solís para mantener en la agenda legislativa el proyecto de ley para la paridad de género horizontal, a solicitud de diputadas de varias agrupaciones.