El Gobierno impulsa un proyecto de ley para eliminar el uso de dinero en efectivo en las instituciones públicas, lo cual las obligaría a cobrar los servicios que prestan por medios electrónicos.
De esta forma, los usuarios ya no podrían pagar con billetes ni monedas el recibo de agua o de luz, o los pasajes del transporte público, sino que tendrían que utilizar plataformas en línea como Sinpe Móvil.
La iniciativa sostiene que la medida es necesaria debido a los costos en transacciones y concede un plazo de cinco años después de su aprobación para que entre en aplicación plena.
En su exposición de motivos, el plan enmarca la disposición como una iniciativa para impulsar la creación de un Gobierno Digital, la cual estaría a cargo del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Dicho proyecto se encuentra bajo estudio en la comisión legislativa de Asuntos Económicos. Los diputados que integran el foro enviaron consultas a las compañías eléctricas sobre el texto.
Al respecto, los proveedoresadvirtieron de que la medida generaría un golpe a los sectores más vulnerables que no poseen acceso a medios electrónicos de pago ni, en muchos casos, a cuentas bancarias.
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL)sostuvo que el plan dejaría por fuera grupos sociales que no pueden obtener tarjetas o métodos de pago digitales, como adultos mayores migrantes y personas en vulnerabilidad.
“Es preocupante la posible vulneración al principio de igualdad con esta reforma, el cual es tutelado en el artículo 33 de la Constitución Política, y es considerado uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, estableciendo que, toda persona es igual ante la ley”, recalcó la CNFL.
La propuesta tampoco fue bien recibida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pues señaló que “podría ensanchar la brecha digital y las desigualdades, sobre todo en relación con poblaciones vulnerables”.
Manifestó que, aunque una cantidad importante de sus clientes del servicio eléctrico está preparada para usar medios de pago electrónico, otra gran cantidad, sobre todo en las zonas rurales, aún pagan en efectivo.
De hecho, el Instituto detalló que el 68% de la recaudación se realiza a través de medios electrónicos y el 32%, en billetes y monedas.
Además, indicó que la implementación de esta medida podría implicar gastos en campañas de comunicación y comisiones a recaudadores que podrían impactar las tarifas del servicio.
Por su parte, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) expresó su desacuerdo con que se pretenda imponer la obligación de contar con plataformas de pago cuando existe el efectivo.
“El problema radica en arrastrar a toda la ciudadanía de forma obligatoria a eliminar el papel moneda como medio de pago, lo cual obliga al ciudadano a tener disposición de tecnología para poder atender sus obligaciones.
“Pero, no todos disponen de los medios para tales efectos lo cual crea desigualdades que nacerían de la misma ley”, expresó la empresa.
En tanto, un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que la propuesta del Gobierno podría rozar con la autonomía del Banco Central, pues obligaría a esa entidad a presentar anualmente una especie de rendición de cuentas sobre el avance de la puesta en marcha de la norma.