El Gobierno de la República solo presupuestó ¢25.000 millones para financiar los gastos de los partidos políticos en las elecciones presidenciales del 2014.
El Ejecutivo alega que la situación fiscal del país impide disponer de ¢43.000 millones; esto es, el 0,19% de la producción del año trasanterior a los comicios (2012), estipulado constitucionalmente.
El viceministro de Hacienda, José Luis Araya, explicó que fijaron un presupuesto que corresponde al 0,11% (¢24.950 millones) del PIB, pese a que la norma vigente establece un 0,19%.
Con la decisión ni siquiera se puede cumplir con el monto establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para las elecciones presidenciales y legislativas, que es de ¢36.295 millones (deducido ya el 0,03% que se debe destinar a las elecciones municipales del 2016).
Mientras tanto, un proyecto de ley de la diputada Jeannette Ruiz, del Partido Acción Ciudadana (PAC), para reducir la contribución estatal a un 0,11% de la producción, está varado en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Sin apoyo de los demás partidos, Ruiz se ha convertido en una voz que clama en el desierto, solo con el respaldo de su propio partido y del Frente Amplio.
Candidatos, por la reducción. Uno a uno, los candidatos presidenciales han girado su discurso a favor de la reducción de la deuda política.
El aspirante del PAC, Luis Guillermo Solís, firmó ayer un compromiso unilateral para no utilizar el total financiamiento, sino cobrar los gastos que les correspondan, usando como base el 0,11% de la producción.
Además, hizo un llamado público para que los demás candidatos también cobren dineros de manera proporcional a un monto de la deuda y no sobre lo dispuesto por ley.
Johnny Araya, del PLN, afirmó que desde hace varios meses pidió a los diputados verdiblancos que apoyaran la reforma legal para reducir la deuda política.
Ese llamado parece no haber calado en los liberacionistas, sino hasta ahora, y bajo sus propias condiciones, obviando una iniciativa que existe en el Congreso.
Araya no está de acuerdo con permitir a las sociedades contribuir con los partidos políticos.
El liberacionista, al igual que Solís, promueve un compromiso de su Partido en Asamblea Nacional, para no gastar dinero más allá del monto establecido por Hacienda.
El socialcristiano Rodolfo Hernández, de acuerdo con la rebaja, pide a la presidenta Laura Chinchilla colocar el ahorro de la deuda política en un fondo, junto al monto destinado para mejorar su imagen, y que se use en apoyar necesidades críticas en instituciones públicas.
El candidato y diputado de Renovación Costarricense, Justo Orozco, dice que ha boicoteado el proyecto para reducir la deuda que está en plenario porque “no se negoció” y se presentó “con arrogancias y jactancias”.
José María Villalta, legislador del Frente Amplio, es el único aspirante presidencial ajeno al PAC, que sí apoya la iniciativa de la diputada Jeannette Ruiz.
‘Combo’ electoral. La reacción del Partido Liberación Nacional (PLN), apoyado por el Movimiento Libertario, la Unidad Social Cristiana, Accesibilidad Sin Exclusión, Renovación Costarricense y Restauración Nacional, es la de presentar un “combo” de reformas electorales aprovechando que ahora sí hay “voluntad” para cambiar las reglas del Código Electoral.
Además de la reducción de la deuda política, ese nuevo proyecto levantaría la prohibición de que las sociedades anónimas puedan contribuir con los partidos en campaña electoral.
Luis Gerardo Villanueva, del PLN, comentó que hizo “potable” su plan al fijar un tope de contribución a las sociedades en un monto igual a seis salarios base (poco más de ¢2 millones) y establecer que sea solamente aportes en especie.
Ruiz duda de esa buena intención, pues cree que se darían una serie de portillos que impediría controlar el financiamiento.
El nuevo proyecto de reformas electorales tendría que iniciar su trámite desde cero en la Asamblea Legislativa, aunque se promueve una dispensa.
Candidatos piden rapidez a Sala IV. Johnny Araya, candidato presidencial del PLN, y Luis Guillermo Solís, del PAC, urgieron ayer a la Sala Constitucional a pronunciarse sobre la constitucionalidad del sistema de financiamiento electoral mediante la cesión de bonos de la deuda política.
Ante la falta de señales de los magistrados, los líderes políticos hicieron un llamado para que se defina el futuro de ese mecanismo.
La Sala IV estudia, desde inicios de año, una acción en contra de los bonos electorales, mecanismo que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) considera perverso porque genera incertidumbre de pago.
Esta nota fue ampliada por el redactor a las 8:38 a. m.