El gobierno propuso, este martes, destinar el dinero de las anualidades de los empleados del sector público, correspondientes al año 2020, al fondo para subsidiar a las familias afectadas económicamente por la emergencia del coronavirus.

Para ello, el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso, con el que pretende recaudar unos ¢23.000 millones.

El texto introduciría un transitorio en la Ley de Salarios de la Administración Pública para establecer que a los servidores públicos no se les reconocerá el pago por anualidad del año 2020.

La anualidad implica un reconocimiento económico adicional sobre el salario base. Se otorga cuando el funcionario cumple un año más de funciones.

El texto establece que se excluiría a la ley a aquellas personas a quienes ya se les hizo el reconocimiento, es decir, a quienes cumplieron el año antes de una eventual entrada en vigencia del proyecto de ley.

También, se excluiría a los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del Ministerio de Salud y de los cuerpos policiales.

Para este año, solo el Gobierno Central tenía presupuestado gastar ¢285.000 millones en anualidades.

Según explicaron las autoridades gubernamentales, los recursos de anualidades del 2020 en las instituciones descentralizadas pasarían a manos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

La ministra de Planificación, Pilar Garrido, aseguró que la grave disminución de la actividad económica en todos los sectores, por causa del covid-19, “provoca un alto número de personas en situaciones de vulnerabilidad y mayor demanda de atención de parte del Estado”.

“Las afectaciones sanitarias y económicas que vive el país y el mundo por esta pandemia nos retan a hacer grandes esfuerzos para enfrentar la emergencia que impacta a miles de personas”, aseguró la jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).

Garrido agregó que la situación llama al Gobierno a “cuidar a las personas más vulnerables y a protegernos con solidaridad”.

La ministra aseguró que la evaluación del desempeño del 2020 no se dejará de realizar, pero se utilizará “únicamente para efectos de referencia del rendimiento de las personas servidoras públicas" sin generar un pago a los funcionarios públicos.

La anualidad se seguiría pagando a partir del año 2021, dijo Garrido.

A raíz de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre del 2018, la forma de calcular las anualidades de los empleados públicos cambió para evitar el crecimiento exponencial del gasto.

La anualidad pasó a ser un monto fijo correspondiente a un 1,94% del salario base de los profesionales en enero del 2018 y un 2,56% de los no profesionales en la misma fecha.

Reacción entre diputados

Como se trata de una iniciativa recién llegada al Congreso, el presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides, prefirió no opinar al respecto sin haber estudiado la iniciativa.

Ana Lucía Delgado, diputada de Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, opinó: “Esta sí es una propuesta solidaria del sector público, una muestra de desprendimiento que debe ir directamente a la atención de la emergencia. Las anualidades anteriores se mantienen incólumes, lo único que se traslada por una única vez es el valor nominal del rubro de anualidad del 2020”.

El jefe de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, afirmó que, en principio, se trata de una propuesta solidaria, aunque advirtió de que debe revisar el texto a fondo y conversar con sus compañeros.

“Se puede considerar, en aras de la solidaridad, de los que tienen trabajo y salario, para ayudar a la gente que la está pasando más difícil en este momento. En realidad no es una reducción del salario, solo que se se pague la anualidad 2020”, dijo.

Añadió que los funcionarios públicos no podrían sentirse mal con esa propuesta.

La jefa de la Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, enfatizó que el Estado ha dejado de recibir mucho del dinero que tenía proyectado para mantener el gasto corriente, por lo que, en su criterio, muchos salarios se volvieron “impagables”.

“Hay que replantear el tamaño del Estado, la duplicidad de funciones y lo que venimos pidiendo desde hace dos años. Esta crisis nos va a obligar a ese replanteamiento”, dijo la legisladora.

Para la vocera del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez, el momento que vive el país implica fuertes repercusiones económicas y sociales “de gran impacto en las personas, familias, empleos y familias”.

“Este monto constituiría un aporte importante para atender a las personas y familias impactadas por la emergencia. Sería solo por un año”, destacó la oficialista.

Jonathan Prendas, del bloque de diputados independientes Nueva República, dijo que la iniciativa debe revisarse “con lupa”.

“No solo están en juego las finanzas del Gobierno, sino también hay que tener claro cuál sería la afectación para los empleados públicos y, además, para nuestro análisis es básico saber cuál será el destino de esos dineros”, aseguró el fabricista.

Añadió que es, precisamente en ese punto, donde el gobierno “siempre dura demasiado en dar detalles”.

La jefa liberacionista, Silvia Hernández, manifestó que, si bien Liberación Nacional entiende la “necesidad de tomar medidas extraordinarias”, seguirán abogando por que sean las adecuadas.

“Sucede lo mismo que cuando el Ejecutivo lanzó la idea de la contribución solidaria, sin haber tenido un acercamiento previo con la Asamblea Legislativa y sin datos. No se trata solo de disparar ideas y no tener claridad de su impacto, no proporcionar datos datos de los efectos e impacto de las medidas”, alegó.

Hernández añadió que el Ejecutivo aún no brinda detalles de cuánto dinero se necesita para el fondo solidario de subsidios para los trabajadores afectados económicamente por el covid-19, ni la cantidad de beneficiarios, ni tampoco “cuánto rinden las medidas propuestas para tener el dinero disponible”.

“La intervención mediante transferencia en la forma de un subsidio de desempleo, es vital y respaldada por varios organismos como OCDE, FMI y Banco Mundial, pero necesitamos saber la manera en que se otorgaría y tener la seguridad de que las leyes aprobadas proporcionen suficientes recursos y no tengan efectos colaterales más dañinos, es fundamental”, explicó la jefa del PLN.

La verdiblanca apuntó que todos están llamados a contribuir y apoyar, pero también cree que “es hora de estudiar las medidas como conjunto y no individualmente”.