El Gobierno de la República está en contra de que todas las solicitudes de ingreso al país que hacen las aeronaves extranjeras no artilladas, deban recibir la aprobación del Congreso.
Por eso, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, su viceministro, Luis Paulino Mora, y algunos asesores, fueron este lunes a la Asamblea Legislativa para analizar alguna forma de evitar el trámite “innecesario”.
Hasta hace poco, los permisos de sobrevuelo, aterrizaje y traslado dentro de territorio nacional, de aviones o helicópteros extranjeros, obtenían permiso de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
Sin embargo, una decisión de la Sala Constitucional dejó ese órgano técnico atado de manos y por eso Aviación Civil les deja ahora todo a los diputados.
El problema es que cada año se tramitan casi 1.000 solicitudes de ingreso al país, según enfatizó el presidente legislativo, el socialcristiano Rafael Ortiz.
De tener que discutir todos esos permisos, el Congreso se entrabaría a niveles inimaginables, puesto que el Reglamento permite que cada uno de los 57 diputados hable hasta media hora por cada expediente que pida la entrada, ya sea de una o de varias naves.
La decisión de la Sala IV se originó en un recurso de amparo presentado en contra del Gobierno por permitir el ingreso de varios helicópteros del Ejército de Estados Unidos y su aterrizaje en el aeropuerto de Liberia.
Ante esa decisión, el director de Aviación Civil, Enio Cubillo, solicitó a los magistrados reconsiderar el criterio de que todo permiso deba pasar por el Congreso.
“A nosotros nos gustaría que ese (el de aprobar en Aviación Civil) fuera el trámite expedito de un Estado eficiente, pero si la Sala Constitucional y la Asamblea definen que ese no es el procedimiento, nosotros tendremos que ser respetuosos y todo tendría que ir a la Asamblea”, explicó Cubillo a La Nación.
Debate legislativo. El jueves 15 de octubre, Ortiz intentó dictar una resolución en la que él definía cuáles permisos de ingreso de aeronaves debían pasar por debate legislativo y cuáles no.
El jerarca legislativo se basó en criterios de la Sala IV que establecieron que los diputados deben definir cuáles aeronaves y barcos entran bajo el concepto de “naves de guerra”, tal como lo establece la Constitución Política en el inciso 5 del artículo 121.
Contra la resolución de Ortiz están no solo los legisladores del Frente Amplio, sino también casi la mitad (seis) de los miembros de la fracción del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).
La jefa interina de la bancada del PAC, Laura Garro, confirmó que, en el caso de los permisos de ingreso de las naves extranjeras, los oficialistas prefieren votar cada permiso por separado y cada quien vota como quiere.
De hecho, este lunes el plenario aprobó uno de dos permisos que tienen en agenda, precisamente para naves sin artillería, que bajo la modalidad antes utilizada no habría tenido que pasar por debate en el Congreso.
El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, indicó que el Gobierno busca crear mecanismos más ágiles para los permisos. “Hay una comisión técnica que se reúne para ver qué se puede hacer”, manifestó Mata.