El Ministerio de Hacienda busca que más inversionistas extranjeros compren bonos del Gobierno Central en el mercado local de deuda interna, a fin de dinamizar la competencia y bajar las tasas de interés que debe pagar el Estado para financiarse.
Para ello, la Administración les pide a los diputados aprobar un proyecto de ley que equipararía el cobro de impuestos entre inversionistas locales y foráneos. Se trata del expediente 22.893, presentado por el gobierno de Carlos Alvarado y retomado por el de Rodrigo Chaves.
La idea es hacer reformas legales para nivelar la cancha en un mercado que hoy básicamente es dominado por las operadoras de pensiones, los bancos y los fondos de inversión locales, explicó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante los diputados de la comisión de Hacendarios, donde se discute la iniciativa.
“Son prácticamente tres agentes los que determinan los precios (de los intereses). A nosotros nos interesa más participantes en el mercado, mucha más capacidad de negociación y con posibilidad de traer recursos que puedan colocarse, generar competencia y bajar las tasas”, resumió el ministro en el foro legislativo.
Para fomentar una mayor participación de inversores externos, el proyecto eliminaría la doble imposición tributaria que hoy pagan los inversores extranjeros si entran al mercado local. Significa que se eliminaría el tributo del 15% por el envío de remesas al exterior cuando los inversionistas trasladan las ganancias desde costa Rica hacia sus países de origen.
De esa manera, tanto extranjeros como locales quedarían pagando solo un 15% de renta del capital inmobiliario.
“El inversionista extranjero paga impuesto por las ganancias de los títulos valores y, cuando hace remesas de esos recursos al país de origen, paga otro impuesto por remesas”, explicó Mauricio Arroyo Rivera, director de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.
El expediente añade que la reforma podría ampliar los plazos de pago de la deuda pública y se favorecería la inversión extranjera directa, al tiempo que se restaría presión al mercado de crédito local para el sector privado.
El cambio en el tratamiento tributario se produciría mediante una excepción en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Según Arroyo, la doble imposición es uno de los desincentivo para que compradores de deuda externos vengan a competir al mercado local. De acuerdo con la exposición de motivos, ese tipo de inversiones nunca ha superado el 6% de la cartera de la deuda interna.
“En los últimos dos años se ha reducido. En junio de 2021, el monto de la deuda interna en posesión de inversionistas no residentes es de ¢461.128 millones, lo cual representa un 2% del monto de la deuda interna en circulación, por lo que existe un importante margen para incrementar la participación de inversionistas no residentes en el mercado de deuda pública local”, añade la justificación del texto.
En otros países, donde el mercado interno de la deuda del Gobierno es más abierto, esa participación alcanza el 20% o el 30%, indicó Arroyo.
El mercado de deuda pública local sigue siendo amplio, a pesar de que ha crecido la deuda externa colocada en organismos multilaterales o emisiones de eurobonos.
Para finales de abril del 2022, la deuda del Gobierno Central ascendió a ¢28,7 billones, de acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR). El 75% estaba colocada en el mercado interno y el restante 25% en el externo. Por moneda, el 60% estaba contratada en colones y el restante 40% en dólares.
Exclusiones para agilizar el mercado
Luego, en el artículo 2, la propuesta excluiría ese tipo de compras de la Ley de Contratación Administrativa, así como la contratación externa para su custodia local e internacional.
El ministro Acosta argumentó que la idea es que las contrataciones se rijan por los principios de esa legislación, como ocurre actualmente con la contratación de deuda externa que se regula por normas internacionales, pero se aplican principios de la normativa nacional.
Con ello, se procura que los procesos sean ágiles y oportunos, donde el emisor coloque su deuda en coyunturas de mercado que le sean adecuadas y aproveche los mejores momentos del mercado, ya que dichas coyunturas varían frecuentemente, de acuerdo con un análisis de la Contraloría General de la República (CGR).
Esta exclusión es una de las dudas que tienen los diputados de oposición de la Comisión de Hacendarios y la Contraloría, que recomendó evitar esa exclusión por razones de transparencia.
Sobre este aspecto, el ministro de Hacienda indicó: “Es venta de deuda interna estandarizada (igual a la que se coloca en la Bolsa Nacional de Valores). Es directa y, por lo tanto, debería también estar excluida. Los inversionistas podrán adquirir la deuda en cualquier plataforma que haga la subasta, sea la Bolsa, el Tesoro Directo (Banco Central de Costa Rica) u otra que pueda surgir. Esos inversionistas internacionales serán iguales a cualquier inversionista nacional”, puntualizó Acosta.
La iniciativa habilitaría a la Tesorería Nacional a contratar instituciones especializadas, incluidas externas, para la custodia de los títulos y valores del Gobierno de la República o de terceros que se pongan a su cargo. Este procedimiento también quedaría excluido de la Ley de Contratación Administrativa.
La Tesorería, del mismo modo, podría contratar plataformas electrónicas de colocación y distribución de valores para mercado primario y de negociación para mercado secundario, tanto a nivel local como internacional, reza el texto.
El ministro Acosta explicó que hay dos plataformas para participar en el mercado de la deuda interna del Gobierno. La Bolsa Nacional de Valores (BNV) y una creada por el Ministerio de Hacienda y el BCCR.
“Lo que el proyecto plantea es darle posibilidad al Ministerio de Hacienda de que se pueda desarrollar otro tipo de plataforma. Esto es un tema de competencia, prevalecerá aquella que sea más eficiente y más barata desde el punto de vista de la gestión”, expuso el jerarca.
Asimismo, este órgano del Ministerio de Hacienda podría habilitar sistemas de compensación y liquidación de valores. Mientras esto ocurre, el BCCR podría cumplir con esa figura.
“Las plataformas que operen en Costa Rica deberán estar autorizadas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), de conformidad con la reglamentación respectiva. Las plataformas que operen en el extranjero deberán cumplir los requisitos que establezca reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif)”, añade el texto.
Ante consulta de la diputada oficialista Pilar Cisneros, Nogui Acosta aclaró que este tipo de deuda adquirida por inversionistas transfronterizos seguirá siendo deuda interna por regirse de acuerdo con la legislación nacional, aunque los compradores vengan de afuera.
El ministro también aclaró que la apertura del mercado local no desplazaría las necesidades de endeudamiento externo. En esa línea, continuó, el país seguiría requiriendo créditos externos logrados por medio de organismos multilaterales o eurobonos.
Acosta también les aclaró a los legisladores que el Congreso no perderá el control sobre el endeudamiento. Los créditos externos, añadió, seguirán siendo aprobados por la Asamblea, mientras que la deuda local seguirá siendo fiscalizada a través del Presupuesto Nacional que aprueban los diputados.