El Gobierno pidió a los diputados, este martes, darle trámite rápido al proyecto de ley que rebajaría el precio del gas licuado de petróleo (LPG), uno de los combustibles utilizados en las casas costarricenses para cocinar, particularmente en muchas casas de escasos recursos.
Se trata del expediente 22.424, presentado en el Congreso desde marzo pasado, por el diputados Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y que hasta el momento no ha tenido ningún avance en la Asamblea.
El expediente sugiere la modificación del artículo 1 de la ley 8114, Ley de simplificación y eficiencia tributarias, para reducir el impuesto que actualmente está fijado en ¢51,75 por litro y bajarlo hasta los ¢24.
La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, lanzó una excitativa a los congresistas para que dispensen de los trámites de ese plan, que ni siquiera tiene dictamen de la Comisión de Ambiente, donde recién ingresó, luego de seis meses de estar en el limbo.
Dinarte aseguró que urge la aprobación antes del próximo lunes, 1.º de noviembre, puesto que en esa fecha entraría en vigor la próxima actualización del impuesto único a los combustibles que le corresponde hacer al Ministerio de Hacienda cada tres meses.
La ley le asigna la potestad a Hacienda de ajustar ese impuesto de acuerdo con el índice de precios al consumidor, pero sin que esa actualización supere el 3%.
El Ejecutivo alegó que, de no aprobarse la iniciativa definitivamente antes del 1.º de noviembre, los hogares y comercios que utilizan el gas LP tendrían que esperar un trimestre hasta que se pueda aprobar el ahorro.
“Baja en el gas significará un gran ahorro para hogares, sodas, restaurantes y emprendimientos turísticos que utilizan ese combustible”, dijo la ministra.
El Gobierno alegó que el precio actual de un cilindro de gas de 25 libras es de ¢9.556; de aprobarse la iniciativa, los consumidores tendrían una rebaja de ¢300 por cilindro, mientras que el ahorro sería de ¢1.225 para un cilindro de 100 libras.
Según cifras expuestas por el Ejecutivo, la modificación a la baja del impuesto representaría un ahorro para los consumidores de ¢8.800 millones al año.
Datos presentados por Masís en la exposición de motivos del proyecto exponen que un 38% del gas LP se consume en hogares para cocinar, mientras que otro 38% se consume en la industria. Allí mismo se afirma que el 44% de los hogares de bajos ingresos utiliza ese combustible para cocinar.
Pese a la petición del Poder Ejecutivo, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), la más numerosa del plenario legislativo, respondió que ese proyecto “debe seguir su trámite regular en comisión (de Ambiente), de manera que puedan realizarse las consultas pertinentes sobre los beneficios reales de la propuesta, principalmente en la clase más vulnerable de la población”.
A través de su encargado de prensa, la jefa del PLN, María José Corrales, adujo que a raíz de las consultas y audiencias se puedan realizar ajustes al texto, “si así se justifica”.
“Acá es fundamental tener certeza de que esta reducción efectivamente va a beneficiar a los sectores más vulnerables y no generar un efecto contrario al deseo máximo de brindar un alivio económico que se requiere a través de medidas técnicamente justificadas”, alegó Corrales.
Tal como consta en el sitio web de la Asamblea Legislativa, el 27 de setiembre se ordenaron las consultas a la Universidad de Costa Rica (UCR) y a las 82 municipalidades; el 6 de octubre, se enviaron consultas adicionales, a los ministerios de Ambiente y Energía; Economía, Industria y Comercio (MEIC), y Hacienda, así como a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Industrias, y a las auditorías de las municipalidades de San Carlos y San Isidro de Heredia.
Por lo demás, el plan solamente consta de dos artículos, uno donde se reduce el impuesto y un transitorio donde se establece que el nuevo monto del impuesto al GLP estará vigente al día siguiente de la publicación de la ley, en el diario oficial.
Erwen Masís, por su parte, destacó la importancia de la propuesta porque el costo del gas LP podría subir el próximo lunes y la rebaja de ¢27 colones en el impuesto podría ayudar a más de 250.000 familias y a la movilidad del transporte público.
“Muchos vehículos y transporte público utilizan como alternativa el GLP y también el sector industrial. Es muy acertada la solicitud del Gobierno, pero desafortunadamente la moción que presentamos varias fracciones no tuvo el apoyo de la bancada más grande, el PLN”, indicó.
Masís apuntó que se ha intentado en varias ocasiones y que Corrales le ha respondido, en varias ocasiones, que el tema no les parece conveniente. El problema es que una dispensa de los trámites tan como la permite el Reglamento, con el componente de colocar el plan en primer lugar y posponer otras iniciativas, requiere del apoyo de 38 legisladores.