De ser aprobada por los diputados, la moción que permite perdonar las deudas a quienes no pagaron el impuesto a las sociedades anónimas, entre el 2012 y 2015, provocaría que el Estado pierda ¢180.000 millones que se habrían destinado, principalmente, al tema de seguridad.
Tres diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) propusieron perdonar la deuda completa a los morosos a través de una medida transitoria en el proyecto de Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas.
Si la iniciativa recibe el aval, el Estado no podría disponer del dinero que debe el 55% de las sociedades anónimas, tanto activas como inactivas, que tenían que pagar ese tributo mientras estuvo vigente.
Según datos del Ministerio de Hacienda, las activas deben ¢41.697 millones y las inactivas, ¢138.644 millones. Este dinero corresponde a medio punto del producto interno bruto (PIB). El Gobierno, con su plan de reforma fiscal, busca recaudar dos puntos del PIB.
El 90% de los fondos del impuesto irían al Ministerio de Seguridad; el resto se distribuiría entre el de Justicia (que administra las cárceles), el Organismo de Investigación Judicial y la Caja Única del Estado.
Para Gustavo Mata, ministro de Seguridad, en caso de que se apruebe la moción, su institución estaría dejando de percibir una cantidad importante de dinero para el equipamiento de la seguridad del país.
“Hay un faltante de 1.300 policías, cualquier recurso adicional sería de mucha ayuda. El pueblo está urgido de la contratación de policías y mecanismos de seguridad para luchar contra el crimen organizado”, manifestó Mata.
El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, declaró días atrás que la condonación de la deuda sería renunciar a recursos que debieron haberse pagado y no se cancelaron. “Es un premio a los que evadieron en el pasado”, aseguró el funcionario.
La propuesta para introducir ese transitorio tiene las firmas de los diputados Rosibel Ramos, Luis Vásquez y Johnny Leiva.
Ramos dijo que el perdón sería solo para contribuyentes que dejaron de pagar luego de que la Sala IV declarara inconstitucional este tributo por errores de procedimiento, por lo que a partir del 2016 no se debía cancelar.
Sin embargo, la moción en realidad abría el portillo para perdonar todas las deudas generadas entre el 2012 y el 2015.
José Ramírez, del Frente Amplio, se opone porque dice que ya es suficiente con perdonarles intereses y multas que se puedan haber generado sobre la deuda.
La Sala dispuso que debía pagarse el periodo 2015 y los anteriores periodos morosos.
Discusión. En el Congreso revivieron el cobro del impuesto con el plan de ley que ya fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Antes de que la Sala IV lo anulara, el tributo era de ¢212.000 para las sociedades activas y de ¢106.000 para las inactivas (lo que equivale a un 50% y un 25% de un salario base). Ahora, con este proyecto, las personas jurídicas inactivas pagarían unos ¢64.000 (un 15% del salario base).
En cuanto a las activas, el tributo se dividiría en tres escalas: ¢106.000 para aquellas que tengan ingresos anuales por menos de ¢51 millones; ¢127.000 para las que las que obtengan ingresos entre ¢51 millones y ¢119 millones; y ¢212.000 para las que reciben más de ¢119 millones.
Esas escalas equivalen a un 25%, un 30% y un 50% del salario base, respectivamente.