El Gobierno no incluyó en el Presupuesto Nacional del 2018 los recursos necesarios para cubrir el alza de 0,66 puntos porcentuales en la cuota estatal a los regímenes de pensiones.
Antes de enviar el plan de gastos al Congreso, el Ministerio de Hacienda pasó la tijera y solo asignó el 0,58 que el Estado venía pagando por cada trabajador, tanto del sector público como privado.
Eso ocurrió a pesar de que la Junta Directiva de Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) autorizó, desde el 28 de julio del 2016, que la cuota al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) quedara en 1,24 puntos porcentuales.
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Ese acuerdo, que entró en vigencia el 1°. de setiembre de ese año, tuvo un efecto en cascada sobre el resto de regímenes de pensiones, como el del Poder Judicial y el del Magisterio Nacional.
Sin embargo, a la fecha el alza quedó en el papel, pues el gobierno de Luis Guillermo Solís no ha presupuestado más recursos debido a la crisis en las arcas del Estado.
El 2016 cerró con un déficit del 5,2% del producto interno bruto (PIB) y el Banco Central había estimado que ese indicador subiría a un 5,9% del PIB para este año. No obstante, en una revisión posterior, divulgada a finales de julio, el BCCR subió la proyección del déficit fiscal a un 6,1% del PIB y, de paso, proyectó un 6,8% para el 2018.
El alza del 0,66 puntos porcentuales obligaría al Estado a desembolsar unos ¢56.000 millones adicionales, según cálculos de Hacienda.
Por ejemplo, solo en el Poder Judicial, donde hay 3.600 pensionados y 12.800 cotizantes, la eliminación de ese ajuste significó una reducción en el presupuesto de esta institución de ¢2.916 millones.
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Imposibilidad material. Según el primer vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, Helio Fallas, el incluir el incremento de esa partida en el plan de gastos venidero "redundaría en un aumento en el endeudamiento del Estado".
"Para el Ministerio de Hacienda esta decisión, aunada a otras partidas aprobadas por la Asamblea Legislativa desde hace algunos años, redundarán en un aumento significativo de la deuda del gobierno que al cierre del 2017 rondaría el 50% del PIB (Producto Interno Bruto)", agregó.
Fallas asegura que desde el 29 de agosto Hacienda le informó a la CCSS sobre la imposibilidad de cumplir con esa obligación y que se sugirió crear una comisión entre ambas instituciones con el objetivo de "definir la viabilidad técnica, financiera y/o fiscal, social y jurídica de dicha reforma".
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo planteó que dicha comisión también tomara en cuenta los resultados del estudio actuarial del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR), solicitado por la Junta Directiva de la Caja.
"El Ministerio de Hacienda, a pesar del gran esfuerzo que representa el financiamiento a la CCSS y de otros programas sociales, se ha visto en la necesidad de declararse en "estado de necesidad" o "imposibilidad material" para financiar con deuda la totalidad de las obligaciones constitucionales y legales", adujó también el vicepresidente.
El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica, al cual cotizan 1,5 millones de trabajadores y 83.442 patronos. El sistema cuenta con más de 225.984 jubilados.
La Nación intentó obtener una reacción del presidente de la CCSS, Fernando Llorca y del gerente de Pensiones de esa institución, Jaime Barrantes; sin embargo, ninguno de los dos respondió a las llamadas y los mensajes enviados a sus teléfonos celulares.
Gustavo Picado, gerente financiero de Caja, remitió a Barrantes las consultas; empero, dijo que el tema ya se discutió en el seno de la Junta Directiva de la CCSS, que incluso ya se le envió un oficio a Hacienda con las justificaciones técnicas del ajuste de 0,66 puntos porcentuales.
Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), quien asiste a las reuniones de la mesa de diálogo sobre IVM, confirmó que este es uno de los temas más delicados que se han estado discutiendo en ese foro.
Según dijo, se ha visto como 'algo crítico' el anuncio del Gobierno de no presupuestar lo que le corresponde para el IMV: el 0,66 adicional que aún tiene pendiente de pagar desde setiembre del 2016 y sobre el cual el ministro de Hacienda, Helio Fallas, reconoció que no hay plata.
El Gobierno envió el 1.° de setiembre el Presupuesto Nacional ordinario del 2018 por ¢9,3 billones. Plan de gastos que fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios el pasado 18 de octubre y ya está listo para su discusión final en el Plenario. Los diputados tienen tiempo hasta el 28 de noviembre para su aprobación final.
Colaboró con esta información la periodista Ángela Ávalos.
Información actualiza a las 9:45 a. m. del 24 de octubre atribuyendo las declaraciones sobre la falta de liquidez al vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, y no a la vicepresidenta, Ana Helena Chacón, como errónea e involuntariamente se consignó.